El gobierno federal ha puesto sobre la mesa a lo largo del sexenio el monto salarial de los servidores públicos como un tema de interés público, pero no ha quedado claro cuáles deben ser los parámetros a considerar para definir qué tanto un sueldo es muy alto y qué tanto es muy bajo.
Esta semana, con motivo del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un aumento de 8.2% al salario de los profesores de educación básica del sector público y también anunció que se establecerá una cantidad de 16,000 pesos mensuales como el sueldo mínimo, en un “acto de justicia” ante el rezago salarial que históricamente enfrentan los maestros.
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Pero unos días antes, el mandatario atacó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a quienes acusó de percibir ingresos “extraordinarios”, como un sueldo de 297,404 pesos mensuales y un aguinaldo de 586,093 pesos, entre otras prestaciones.
El gobierno federal ha establecido en sus políticas de austeridad que ningún servidor público puede ganar salarios superiores al sueldo del presidente de la República, pero los funcionarios de organismos autónomos han interpuesto recursos legales para protegerse de la norma y conservar sus sueldos, así como sus prestaciones.
En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) ha considerado que, más allá de las políticas que establezca la federación en materia de remuneraciones de los servidores públicos, lo que hace falta es formular políticas integrales para la determinación de los sueldos, ligado con el desarrollo de un servicio profesional de carrera y la definición clara de una lista de puestos y cargos públicos, así como la aplicación de criterios de transparencia para que se conozcan los sueldos que se pagan en las dependencias de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la unión, además de los organismos autónomos y las fuerzas armadas.
¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para definir los salarios del gobierno?
Instituciones como el Imco y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) han formulado algunos criterios a evaluar para definir los montos salariales.
1 Ajustarse al presupuesto de egresos de cada año, ya que los sueldos no pueden absorber la mayor parte de los recursos disponibles
2 Considerar la cantidad de habitantes y aspectos socioeconómicos de la región que tiene a su cargo el servidor público (sobre todo en el caso de gobiernos estatales y municipales)
3 Tomar como punto de referencia el sueldo del superior jerárquico
4 Desarrollar tabuladores de puestos, con definiciones claras de las responsabilidades
5 Identificar claramente los sueldos de los servidores públicos, así como las gratificaciones y compensaciones extra que perciben, ya que en ocasiones, se declaran como “otros gastos”, “gastos de representación”, “servicios personales” y otras denominaciones.
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6 Publicar toda la información sobre el gasto corriente de las dependencias o instituciones públicas, lo que debe incluir los sueldos y prestaciones.
7 Desarrollar un servicio profesional de carrera para que los servidores públicos tengan claras las reglas de ascensos de personal y que se establezcan políticas de capacitación.
Como en el resto de la economía, la fijación de salarios de los empleados públicos también debe considerar aspectos como la inflación, el aumento al salario mínimo general y el costo de vida regional, pero todo esto tiene que pasar por una evaluación institucional y no por decisiones unipersonales del presidente de la República, los secretarios de Estado, los gobernadores estatales o los presidentes municipales, concluyen los expertos del Imco y del INAP.
GC
