El Tren Maya, una de las obras de infraestructura emblemáticas de la presente administración, puede convertirse en un foco de conflicto para el gobierno mexicano, dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ante la sospecha de que las autorizaciones ambientales del ferrocarril se liberaron con irregularidades.

El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte, dependiente del T-MEC, sugiere elaborar un expediente de hechos para realizar una investigación sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental para la construcción del Tren Maya, según un comunicado del Secretariado del CCA, que tiene sus oficinas en Canadá.

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Esta investigación tendrá que abarcar aspectos como la “presunta fragmentación” de los estudios de impacto ambiental, la autorización de cambio de uso de suelo y la aplicación del mecanismo de denuncia ciudadana en relación con el proyecto.

“La recomendación responde a una petición sobre aplicación efectiva de la legislación ambiental, la petición SEM-22-002 (Tren Maya), presentada por Moce Yax Cuxtal, A. C. y otras organizaciones e individuos (en conjunto, ‘las Peticionarias’), con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, refirió el comunicado.

Las organizaciones promoventes de esta causa consideran que México omite aplicar de manera efectiva su legislación ambiental federal, particularmente en lo relacionado con la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que constituye el segmento más rentable del ferrocarril, ya que corre entre los municipios de Solidaridad y Tulum, del estado de Quintana Roo.

Justamente ese segmento ha sido motivo de diversas demandas de amparo de organizaciones ambientalistas y de individuos por los daños ambientales provocados en el lugar.

“Las ‘peticionarias’ arguyen que el Tramo 5 sur del Tren Maya ocasionará daños al ecosistema de la región, en particular al sistema subacuático Sac Actun-Dos Ojos, y se refieren a la falta de aplicación efectiva de disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de varias leyes de alcance federal en materia de evaluación del impacto ambiental, cambio de uso de suelo en terrenos forestales, protección de la vida silvestre y calidad del agua”, agregó el comunicado del Secretariado del CCA.

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El Secretariado del CCA informó que ya se puso en contacto con las autoridades mexicanas sobre el asunto, respecto a lo cual ha recibido una respuesta.

En esencia, el gobierno mexicano ha comentado que existen diversos procedimientos judiciales y administrativos pendientes de resolverse, precisamente relacionados con el Tramo 5 del Tren Maya, además de que ha ofrecido información sobre las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de terrenos forestales.

Sin embargo, el Secretariado del CCA considera que, independientemente de esta contestación, “un expediente de hechos podría esclarecer cuestiones centrales abiertas relativas a la aplicación de las leyes pertinentes por parte de México citadas en la petición”. En este sentido, “el Secretariado determinó justificada la elaboración de un expediente de hechos”.

Lo anterior, porque un expediente de hechos puede aportar información sobre la existencia de estudios de factibilidad, como mecánica de suelos, topografía, estudios hidrológicos, prospección de flora y fauna, identificación de zonas susceptibles de colapso, mitigación de riesgos y daños ecológicos, entre otros, así como de las medidas de conservación, protección y mitigación que se han aplicado en el proyecto para enfrentar los posibles daños ambientales.

GC