La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) logró completar el pasado 2 de febrero la integración de su pleno, que había quedado “cojo” desde 2021, cuando perdió a tres integrantes.
El pasado 2 de febrero, el Senado de la República ratificó y tomó la protesta a Rodrigo Alzácar Silva y a Giovanni Tapia Lezama como nuevos comisionados de Cofece.
Pero antes, el 13 de diciembre de 2022, la Cámara alta ratificó a Andrea Marván Saltiel como comisionada.
De esta manera, el organismo antimonopolios está facultado para tomar decisiones y cumplir cabalmente sus funciones como una entidad autónoma del Estado Mexicano.
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La ratificación el jueves pasado de los dos últimos comisionados que faltaban a la Cofece, Alcázar Silva y Tapia Lezama, fue bien vista por organismos empresariales, como la representación en México de la Cámara Internacional de Comercio (ICC en inglés).
La ratificación “significa un paso adelante para la consolidación del sistema de la competencia en nuestro país, porque le permite ejercer sus funciones en plenitud, luego de que (Cofece) laboró incompleta desde febrero de 2021”, refirió ICC en un comunicado.
Los cambios en el pleno del organismo empezaron el 4 de febrero de 2021, con el fallecimiento del comisionado Gustavo Rodríguez Pérez Valdespín, y más adelante, Eduardo Martínez Chombo concluyó su periodo como comisionado.
El 9 de septiembre de 2021 fue la fecha en la que Alajandra Palacios Prieto, quien ejerció como presidenta de la Cofece, adelantó su salida del organismo al concluir el periodo de su presidencia, no obstante que su tiempo como comisionada terminaba en febrero de 2022.
Con la baja de tres integrantes, el pleno se quedó con cuatro de un total de siete comisionados, lo que complicó su operación. Además, con la salida de Alejandra Palacios, el organismo antimonopolios nombro a Brenda Gisela Hernández Ramírez como presidenta en funciones por vacancia.
Omisiones del Poder Ejecutivo con Cofece
Por ley, corresponde al Poder Ejecutivo federal hacer una lista de candidatos parar renovar los cargos de comisionados de la Cofece y enviarla al Senado de la República, en aras de solicitar su ratificación.
Sin embargo, Presidencia de la República no cumplió con esta facultad durante 2021 ni en 2022.
Ante esta omisión, la Cofece interpuso en diciembre de 2021 una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar al Poder Ejecutivo por el incumplimiento de sus obligaciones, ya que la falta de tres comisionados dejaba un pleno con cuatro integrantes, con los cuales ya no era posible generar resoluciones con voto de mayoría.
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Tras analizar el caso y los argumentos de Cofece, la SCJN emitió el 29 de noviembre de 2022 una sentencia favorable al organismo y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir, en un plazo de 30 días, con el envío al Senado de las propuestas de comisionados para ratificación.
De esta manera fue como Andrea Marván fue nombrada en diciembre y, la semana pasada, Rodrigo Alcázar y Giovanni Tapia.
La omisión y tardanza en nombrar a estos comisionados de Cofece no es cosa menor, observó ICC, debido a los asuntos que se quedaron pendientes.
“El pleno de Cofece suspendió en dicho periodo el plazo para determinar si existen o no condiciones de competencia en el sistema de pagos con tarjeta, cuyo procesamiento involucre una cámara de compensación; también, el desahogo del procedimiento legal para la emisión de los lineamientos para el uso de medios electrónicos durante la investigación, la secuela del procedimiento, la verificación y los incidentes tramitados ante la Cofece” entre otros asuntos, destacó ICC.
Descuentros entre AMLO y el organismo antimonopolios
De no ser por la resolución de la SCJN, el organismo antimonopolios no tendría actualmente un pleno completo con siete intregrantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado abiertamente críticas en contra de la Cofece, al acusarla de no actuar en contra de la corrupción en sexenios pasados y de proteger los intereses de las empresas privadas, sobre todo extranjeras, en perjuicio de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A fines del año pasado, la Secretaría de Energía (Sener) cuestionó la autoridad de Cofece para imponer multas de 2,414 millones de pesos (mdp) a empresas distribuidoras de gas LP en el país, al considerar que se extralimitó en sus facultades legales.
Iniciativa de ley contra la Cofece y el IFT
Si bien, el organismo se adjudicó una victoria con la ratificación de sus tres comisionados faltantes, en el ambiente existe una amenaza con la presentación, en octubre de 2022, de una iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados que pretende quitarle facultades a la Cofece y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
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La organización México Evalúa advirtió que el proyecto pretende retirarles a Cofece y al IFT el derecho de presentar denuncias por delitos contra la competencia económica ante la Fiscalía General de la República (FGR); así como cancelar la protección a los agentes económicos que se adhieran al Programa de Inmunidad.
Otra intención de la iniciativa consiste en suprimir la facultad de la Cofece y del IFT de sobreseer los procesos seguidos por conductas delictivas contra el consumo y la riqueza nacional a petición de sus respectivos plenos, cuando los procesados cumplan las sanciones administrativas impuestos y los requisitos previstos en los criterios técnicos establecidos por dichos órganos.
México Evalúa advierte que estas propuestas minarán el funcionamiento de los dos organismos, lo que finalmente afectará el ambiente de competencia que se necesita para hace negocios en el país.
GC
