La Asociación de Cruceros de Florida y del Caribe (FCCA en inglés) solicitó al gobierno federal que se mantenga la política que exenta a los viajeros de cruceros de pagar un derecho por ingresar a territorio mexicano vía marítima.

Lo anterior, después de que la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley Federal de Derechos de 2025 que, entre otras disposiciones, establece que a partir del próximo año, los turistas de cruceros que visiten México deberán pagar un derecho de ingreso.

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A través de un comunicado, la FCCA solicita una reunión a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para conversar sobre las consecuencias que tendrá el cobro de ese impuesto para los turistas extranjeros, las empresas de cruceros y la captación de ingresos de los destinos mexicanos que reciben cruceristas.

“La eliminación del estatus de exención ‘en tránsito”, que ha estado vigente para los pasajeros de cruceros durante más de una década (…) provocaría un impuesto adicional de 42 dólares por persona, lo que haría que el turismo de cruceros en México fuera 213% más caro que el promedio de puertos del Caribe”, aseguró la Asociación.

Si bien, la FCCA ya tenía contactos con funcionarios del gobierno mexicano para conversar sobre el cobro del impuesto a los cruceristas extranjeros a partir del año 2026, la organización reclamó que “de última hora” los diputados hayan aprobado la disposición, que entrará en vigor a partir del 1 de enero próximo, y que además no existe una claridad sobre cómo se cobrará.

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“Durante nuestra llamada de ayer con representantes de su administración, originalmente programada para discutir los detalles de un posible retraso en la implementación hasta 2026, nos enteramos de que no hay un entendimiento claro sobre cómo se implementará esto en la práctica a partir de 2025”, aseguró la Asociación.

La FCCA argumentó que el cobro del impuesto encarecerá los precios de los viajes a los turistas de cruceros que visiten México y obligará a las empresas de cruceros a modificar sus itinerarios para evitar los destinos mexicanos, lo que se traducirá en una disminución de los más de 10 millones de pasajeros programados y las más de 3,300 escalas de cruceros en los destinos mexicanos programados para 2025.

Pero además del impacto directo para el turismo de cruceros, la Asociación también advirtió que las empresas del ramo pueden modificar o cancelar los planes de inversión que tienen previstos para los próximos años.

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“Este impuesto propuesto podría poner en peligro las inversiones de la industria de cruceros en el país, incluidos miles de millones de dólares en desarrollos planificados y otros proyectos destinados a ayudar a reconstruir Acapulco”, refirió la FCCA.

El comunicado está firmado por Michele M. Paige, director general de la organización, y también por directores generales y presidentes de las grandes líneas de cruceros, como MSC Cruises, Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line Holdings y Royal Caribbean International.

El dictamen de la Ley Federal de Derechos fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados y turnado al Senado de la República para su votación, por lo que únicamente quedaría en manos de la Cámara alta una posible modificación para dejar fuera el impuesto a los cruceristas.

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