En el Poder Legislativo circula un anteproyecto de reforma de tipo institucional, que implica fusionar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
El anteproyecto está a cargo del grupo parlamentario del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, en aras de promover una tala regulatoria y reducir los gastos presupuestales derivados de la gestión de entidades públicas que presuntamente duplican funciones o bien cuyas actividades pueden ser absorbidas por entidades más grandes.
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Según información que circula en la prensa nacional y en redes sociales, los diputados de Morena proponen abrogar las leyes del Instituto Mexicano de la Juventud –que recientemente ha sido adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)—, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Asimismo, en el anteproyecto se menciona que el Poder Ejecutivo, esto es el presidente de la República, estará en condiciones de ordenar la extinción o fusión de dependencias de gobierno como el Instituto Mexicano de la Juventud, la Prodecon, la Condusef, así como del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura y el Instituto Nacional de Lenguas indígenas.
Sin embargo, en redes sociales y en la prensa nacional han comenzado a surgir reacciones negativas sobre este anteproyecto.
Una posible fusión de ambas instituciones implicaría que Prodecon puede dejar de alcanzar acuerdos conclusivos con los grandes contribuyentes, es decir que las empresas perderán la posibilidad de conciliar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alguna diferencia de opinión sobre los impuestos que deben pagar.
Actualmente, la Prodecon actúa como autoridad mediadora que facilita el diálogo entre los contribuyentes y las autoridades tributarias en casos de controversias por los impuestos, con la intención de que puedan alcanzar un acuerdo que resulte equilibrado para las dos partes. Su objetivo último es evitar que el SAT cobre impuestos desproporcionados a las personas físicas y morales.
En el caso de la Condusef, se trata de una institución de defensoría de los clientes de la banca ante situaciones como la prestación de un mal servicio, controversias sobre fraudes, cobros o penalizaciones injustificados o diferencias sobre la interpretación de los contratos. Por medio del diálogo y la conciliación, su objetivo último es evitar que los clientes de la banca quiebren.
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No obstante, la naturaleza de ambas instituciones es diferente, de ahí el escepticismo sobre la viabilidad de la posible fusión de Prodecon con Condusef.
Actualmente, Prodecon opera con un encargado de despacho –Armando Ocampo Zambrano—, a falta del nombramiento de un titular. Mientras que Condusef tiene actualmente a Óscar Rosado Jiménez como su presidente, quien fue nombrado en los términos de ley.
Mario Di Constanzo Armenta, quien fue presidente de Condusef en el sexenio pasado, manifestó su rechazo a este anteproyecto, al destacar que la materia de trabajo de ambas instituciones es totalmente diferente y que, incluso, puede constituir una aberración legal, ya que en un mismo organismo público se pueden conocer tanto la situación fiscal de una persona física o moral como su situación financiera a través de sus cuentas bancarias.
GC
