La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) chocaron en torno al cobro de la primera maleta en vuelos internacionales. Este martes, la Profeco multó con 22.4 millones de pesos, en conjunto, a Volaris, Interjet, Aeroméxico, VivaAerobus y JetBlue Airways, por realizar cobros indebidos en la primera maleta documentada en vuelos desde la Ciudad de México hacia Estados Unidos y Canadá. Al respecto, en entrevista con Fórmula Financiera, el director general de la DGAC, Miguel Peláez, refirió que existe un tratado internacional con Estados Unidos que jerárquicamente está por encima de las leyes naciones, por lo que las multas que aplicó la Profecto este martes a cinco aerolíneas por cobrar la primera maleta a vuelos de Estados Unidos y Canadá no son legales.
El convenio internacional señala que existe plena libertad de las líneas aéreas de aplicar las tarifas que consideren convenientes, “es un derecho de la aerolínea, está amparada con este tratado internacional que prevalece por encima de nuestra ley, no comete ninguna falta”, afirmó el funcionario.
Por su parte, Rafael Ochoa, titular de la Profeco, aseguró que la dependencia a su cargo no ha violado ningún tratado internacional por sancionar a las aerolíneas que realizan un cobro adicional a los pasajeros que transportan una primera maleta documentada de hasta 25 kilogramos, y una maleta ‘de mano’ de hasta 10 kilogramos en cabina. También en entrevista con Formula Financiera, Ochoa afirmó que los derechos establecidos en el reglamento (aún vigente) de la Ley de Aviación Civil, en el artículo 38, fracción quinta, otorgan esta garantía a los pasajeros y no hay distinción de vuelos nacionales e internacionales.
 “Ellos (DGCA) tienen otras funciones distintas a la de protección al consumidor, nosotros somos la autoridad competente y nosotros estamos determinando que en una interpretación pro de los derechos humanos de protección al consumidor que debe ser obviamente hasta las últimas consecuencias”, comentó.
Peláez sostuvo que existió un trabajo de coordinación con la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), con la Profeco y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para aplicar los cambios en la ley. “Todo esto se estuvo llevando de la misma manera, con estas tres participaciones, y con la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados”, aseguró después de ser cuestionado el por qué entre las mismas autoridades hay posturas diferentes en el tema.