El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recibieron con aceptación que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya propuesto que se posponga la discusión y aprobación de su proyecto de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
El CCE —que constituye el organismo cúpula del sector privado— reconoció “la sensibilidad y disposición al diálogo mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia Mañanera del pueblo del día de hoy, en el sentido de que se abran mayores espacios para la reflexión”.
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En este sentido, el Consejo manifestó estar dispuesto a colaborar en los procesos de consulta que se organizarán próximamente para discutir el proyecto, “con el propósito de aportar sus puntos de vista, enriquecer las iniciativas y contribuir a la construcción de consensos para el perfeccionamiento de la legislación propuesta”.
Una eventual reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones merece un debate amplio con diversos sectores de la sociedad, debido a su “relevancia para el desarrollo, la libertad económica, el combate a la pobreza, la actividad de las empresas y el bienestar de las personas”, refirió el CCE en un comunicado.
Sin embargo, Coparmex —considerado el brazo político del empresariado— fue más audaz en sus comentarios sobre la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, al considerar que el aplazamiento del proyecto “abre una ventana de oportunidad para revisar con profundidad una iniciativa que, en su redacción actual, compromete principios esenciales para el desarrollo del ecosistema digital”.
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Como se ha informado, Claudia Sheinbaum envió el proyecto de reforma al Congreso de la Unión el miércoles pasado, con la intención principal de reglamentar en la legislación que ningún gobierno extranjero pueda difundir mensajes publicitarios o políticos que denigren al país o a los mexicanos, a través de los medios de comunicación colectiva y las plataformas digitales.
Uno de los aspectos que más inquietud causó a la oposición y a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) consiste en que se aplicarán sanciones económicas a las empresas informativas y a las plataformas digitales por incumplir las normas sobre publicidad y también que se podrán bloquear temporalmente las plataformas digitales “por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las leyes aplicables”.
Sobre esto último, Coparmex advirtió que se violan “derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el debido proceso”, ya que se faculta a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para bloquear plataformas digitales “sin intervención judicial previa”.
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Asimismo, el bloqueo de las plataformas digitales va en contra del principio universal de neutralidad de la red.
Pero además de estos nuevos criterios legales, Coparmex considera que la reforma de telecomunicaciones igualmente plantea otros aspectos que pueden ocasionar efectos adversos para el sector y la sociedad.
Se “elimina la autonomía del regulador, erosiona la certeza jurídica, contraviene compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y debilita la competencia al permitir que entidades del Estado ofrezcan servicios comerciales bajo esquemas de subsidio, con asignaciones de espectro sin licitación, ni contraprestación y sin estar sujetas a un marco regulatorio equitativo”.
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Por lo anterior, Coparmex destacó la relevancia de abrir el proyecto de reforma a la discusión y consulta a la sociedad, en aras de plantear una reforma que respete los compromisos internacionales de México en materia de telecomunicaciones, que se preserven los derechos fundamentales de los mexicanos a la libre expresión y difusión de ideas y que se garantice la certeza jurídica a las empresas del sector.
GC
