Para el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski Woldenberg, el aumento aprobado al salario mínimo a 88.36 pesos refleja que se va por buen camino, pero dijo que el ajuste es insuficiente para las necesidades que tienen las familias mexicanas. En su opinión, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ‘metió miedo’ a quienes deciden este ajuste, luego de que el banquero central dijera que un incremento desmedido al minisalario afectaría la inflación. TE PUEDE INTERESAR: Alza ‘desproporcionada’ al salario mínimo generaría presiones inflacionarias: Banxico
“El Gobernador del Banco de México metió un miedo sin haber mostrado un solo documento, un solo estudio, o haber ofrecido alguna explicación más amplía, simplemente metió miedo; en efecto, esa fue la variable más importante para no llegar ni siquiera a lo que proponía Coparmex (95.24 pesos)”, comentó.
Y es que, acotó en entrevista con Fórmula Financiera, en el gobierno de la ciudad llevan más de tres años analizando y demostrando que existe el terreno para llevar el mínimo, por lo menos, a la Línea de Bienestar del Coneval (95.24 pesos). El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó que a partir del 1 de diciembre, el salario mínimo aumentará de 80.04 pesos, que está vigente desde el pasado 1 de enero, a 88.36 pesos. Ello implica un aumento de 8 pesos con 32 centavos, equivalente a 10.39 por ciento. Este ajuste está por debajo de las propuestas que realizaron empresarios, sindicatos y el propio gobierno de la Ciudad de México. La propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por ejemplo, era elevarlo a 95.24 pesos, al igual que la del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, mientras que para el vicepresidente del Congreso del Trabajo y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), Reyes Soberanis Moreno, el mínimo debería ser mayor a 100 pesos.
“La decisión se toma con absoluta timidez, los miedos ideologizados prevalecieron para tomar una decisión de medio camino”, externó el funcionario capitalino.
Destacó que una persona y un dependiente no logra comer de manera digna con el ajuste aprobado, situación que puede empeorar en 2018, ya que según sus cálculos, en enero una canasta alimentaria costará 104 pesos, es decir, 16 pesos más que la modificación aprobada. Estimo que un buen ajuste hubiera sido llegar a 98-99 pesos, “todos los elementos estaban puestos para llegar ahí”. FP