Aunque la amplia red de tratados comerciales de México mantiene condiciones de certidumbre jurídica para los inversionistas, la capacidad del país para captar nuevos capitales destinados a proyectos productivos dependerá cada vez más del Estado de derecho, la estabilidad regulatoria y la fortaleza de sus instituciones.
Este escenario cobra mayor relevancia debido a que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entrará en una etapa de revisiones anuales durante los próximos 10 años, después de que el gobierno estadounidense rechazó extender automáticamente su vigencia por otros 16 años al concluir el periodo actual.
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Según un reporte de BBVA Research, el Tratado permanecerá en vigor hasta 2036; sin embargo, el nuevo esquema de evaluaciones periódicas incorpora un elemento adicional de incertidumbre política y comercial.
Aun así, el análisis refiere que los mercados financieros ya habían descontado ese escenario, ya que ni el tipo de cambio ni la calificación crediticia de México tuvieron movimientos relevantes tras conocerse la decisión del gobierno estadounidense.
El documento explica que, además de regular el intercambio de bienes y servicios, el T-MEC establece mecanismos para proteger las inversiones y resolver controversias entre inversionistas y los gobiernos.
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No obstante, el acuerdo ofrece un nivel de protección menor al previsto en el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en otros convenios suscritos por México, resultado de la estrategia impulsada durante la primera administración de Donald Trump para incentivar el retorno de empresas a territorio estadounidense.
Entre las modificaciones más relevantes figura la restricción del arbitraje entre inversionistas y Estados. El mecanismo ahora únicamente aplica entre México y Estados Unidos, exige en la mayoría de los casos agotar primero los recursos disponibles en tribunales nacionales y limita los supuestos que permiten acudir a instancias internacionales.
La excepción corresponde a las inversiones vinculadas con contratos celebrados con el gobierno federal en sectores estratégicos, como energía e infraestructura, que conservan una protección más amplia.
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El análisis destaca que este mecanismo mantiene relevancia para México, ya que Estados Unidos continúa como el principal origen de la inversión extranjera directa. Tan solo en el primer trimestre de 2026 aportó 10,200 millones de dólares (mdd), equivalentes a 43% del total captado por el país.
Además, todavía permanecen activos diversos procedimientos derivados del TLCAN, principalmente reclamaciones transitorias previstas por el propio T-MEC.
BBVA Research también considera que no existen señales de que Washington pretenda ampliar la protección a sus inversionistas en el exterior. En contraste, la prioridad de la administración estadounidense se concentra en revisar el origen de las inversiones para impedir que economías consideradas de no mercado, particularmente China, utilicen a México como plataforma para ingresar al mercado de Norteamérica.
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El reporte añade que otros acuerdos internacionales ofrecen amplias garantías a los inversionistas, entre ellos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. Sin embargo, BBVA Research concluye que la decisión de invertir en México dependerá cada vez más de la confianza que ofrezcan sus instituciones, la estabilidad de las reglas y un entorno jurídico predecible a largo plazo.
GC
