El bajo crecimiento económico de México está estrechamente relacionado con la baja productividad y la informalidad, problemas que, de acuerdo con Santiago Levy, tienen una de sus raíces en las instituciones que regulan el mercado laboral y el sistema tributario.

En entrevista para el podcast Economía en Corto, de BBVA México, el exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostuvo que México avanzó en estabilidad macroeconómica e inserción en la economía mundial, pero dejó pendiente una parte fundamental: el funcionamiento del mercado laboral.

“No es por falta de estabilidad macroeconómica, porque desde el 97 ya lo tenemos. No es por falta de inserción en la economía mundial. No es porque no invertimos lo suficiente”, afirmó Levy al explicar las razones por las que México no ha logrado crecer a un mayor ritmo.

Para el economista, el problema se encuentra en la coexistencia de “dos Méxicos”, toda vez que, por un lado, existe un sector moderno vinculado con la economía internacional, que utiliza tecnologías avanzadas y en el que participan empresas dinámicas.

No obstante, por otro, hay una gran cantidad de trabajadores por cuenta propia y empresas muy pequeñas, de tres o cuatro personas, que registran bajos niveles de productividad.

En ese sentido, Levy destacó que poco más de la mitad de los trabajadores en México laboran por cuenta propia o en empresas de dos o tres personas, mientras que alrededor de 25% trabaja en compañías de más de 50 empleados.

A su juicio, esta estructura es resultado de que México hizo la tarea “a medias”, al concentrarse en corregir la macroeconomía y los mercados de bienes y servicios sin atender el conjunto de instituciones que inciden sobre el mercado laboral.

“Pensamos que arreglar la macro y arreglar los mercados de bienes y servicios iba a arreglar el mercado laboral y no le pusimos atención al conjunto de instituciones”, señaló.

El economista identificó entre esas instituciones a la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras disposiciones que, desde su perspectiva, contribuyen a dividir a los trabajadores entre quienes tienen acceso a seguridad social y prestaciones y quienes permanecen fuera de ese esquema.

Esta división, dijo, también tiene consecuencias sobre la productividad, debido a que las empresas pequeñas y poco productivas pueden sobrevivir y coexistir con compañías de mayor productividad, en lugar de que el mercado facilite que las primeras salgan y las segundas crezcan con mayor rapidez.

Levy también cuestionó la idea de que toda la informalidad en México sea resultado de actividades ilegales.

“La informalidad en México es en gran medida legal, pero también tiene un componente ilegal”, explicó.

En el primer caso ubicó, entre otros, a los trabajadores por cuenta propia y a determinadas empresas familiares en las que no existe una relación obrero-patronal en los términos establecidos por la legislación laboral. En el segundo, mencionó a empresas que sí tienen una relación laboral, pero no registran a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el exfuncionario, en las empresas de cero a cinco trabajadores, que representan la mayoría de las unidades económicas del país, ocho de cada 10 trabajadores están contratados de manera ilegal, en el sentido de que el patrón no los inscribió en el IMSS.

El sistema tributario también forma parte de este problema, sostuvo. Explicó que existen regímenes que pueden generar incentivos para que las empresas permanezcan pequeñas o incluso se dividan, en lugar de crecer y alcanzar una escala que les permita acceder a capital y aprovechar economías de escala.

“¿Por qué se mantienen chiquitas las empresas en México? Porque es lo que le dice la ley que deben de hacer, porque la ley lo que les dice es oye, no crezcas, porque si creces, palo”, afirmó.

Para Levy, el problema de fondo es que México ha mezclado dos objetivos distintos: la construcción de una sociedad incluyente y la generación de condiciones para que las empresas sean productivas y puedan crecer.

“Es una confusión conceptual entre qué requerimos para construir una sociedad incluyente y qué requerimos para construir una economía en donde la productividad pueda aumentar”, acentuó.

Frente a este escenario, el economista planteó avanzar hacia un esquema de seguridad social universal, lo que requeriría cambios tributarios y constitucionales, además de modificaciones a distintas leyes.

Su propuesta parte de separar la protección social de la situación laboral de las personas, con el objetivo de que el acceso a derechos sociales no dependa de pertenecer al sector formal de la economía.

“Es imposible construir una sociedad incluyente, socialmente incluyente, cuando las instituciones sociales excluyen a la mitad de la población”, sostuvo.

El exsubsecretario también consideró que México cuenta con espacio para aumentar su recaudación y financiar una transformación de este tipo. Señaló que el país recauda aproximadamente 17 o 18% del PIB en impuestos, frente a alrededor de 30% en Argentina y 32% en Brasil.

También puso como ejemplo la recaudación del IVA. Mientras México obtiene alrededor de 4% del PIB, mencionó que Honduras recauda 7% y Chile 8 por ciento.

El economista añadió que existe margen en otros impuestos, como el gravamen a la propiedad, así como en las exenciones del IVA y determinados tratamientos del impuesto sobre la renta.

“Si me das cuatro puntos del PIB, te hago uno muy bueno. Si me das tres puntos del PIB, te hago uno razonable”, expuso al referirse al financiamiento de una seguridad social universal.

Levy añadió que el objetivo no tendría que plantearse únicamente en términos de lo que es viable de inmediato, sino mediante una transformación gradual.

“¿Por qué no decimos eso sí se puede en el 2040? Y vamos poquito a poco a empezar a caminar en esa dirección”, planteó.

En su opinión, México necesita construir un esquema que permita ampliar la inclusión social al mismo tiempo que modifica los incentivos que actualmente mantienen a numerosas empresas en niveles bajos de productividad.

La combinación de reformas laborales, fiscales y de seguridad social, junto con cambios constitucionales, forma parte de la ruta que Levy plantea para avanzar hacia una economía con mayor productividad y una sociedad más incluyente.