En México es indispensable fortalecer el estado de derecho si el gobierno pretende que el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec tenga éxito a través de Asociaciones Público Privadas (APP), destacó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su análisis económico ejecutivo semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se refirió al lanzamiento de las bases de licitación de la Secretaría de Economía para seis de los diez polos de desarrollo que se instalarán a lo largo del proyecto.
De acuerdo con el Centro, el esquema planteado pude funcionar; sin embargo, debe ser “bajo las condiciones adecuadas para las Asociaciones Público Privadas”.
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“Atraer y facilitar la inversión privada debe ser prioridad de las autoridades. Es fundamental que el discurso oficial cambie a fin a crear un ambiente de certidumbre, pero, más allá del discurso, es necesario… indispensable, fortalecer el estado de derecho.
“Su debilitamiento disuade la inversión al no generar reglas del juego seguras y que ha dado pie a la ilegalidad y a la inseguridad pública, lo que representa altos costos para la economía”, resaltó.
En su documento, el CEESP retomó que, como en otros países, en México, el gobierno ha llevado a cabo proyectos de inversión de infraestructura mediante esquemas de participación pública y privada, incluyendo a las APP con las que se establece una relación contractual de largo plazo para la prestación de servicios al sector público mediante infraestructura que proporciona total o parcialmente el sector privado.
Pero para que este tipo de proyectos tenga éxito, “se debe lograr una asignación eficiente de todo tipo de riesgos entre ambos sectores”.
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En ese sentido, acentuó que las APP pueden jugar un papel relevante para el desarrollo y operación de infraestructura en diversos sectores, aunque, ello “sólo debe ocurrir cuando se muestre, mediante estudios serios, que el beneficio social de llevar a cabo un proyecto como APP es mayor que hacerlo como obra pública tradicional, lo cual no ocurre necesariamente en todos los casos”.
“Este beneficio social neto solo se logra si la asignación de riesgos entre los sectores público y privado es eficiente y transparente, de modo que el Estado y la sociedad no carguen con la totalidad del costo de los riesgos”.
A su vez, añadió, las empresas privadas deben contar con la seguridad jurídica adecuada.
“Por ejemplo, para que el estado se abstenga de realizar terminaciones o expropiaciones arbitrarias no contempladas en los contratos”.
En ese contexto, el CEESP apuntó que para detonar un mayor número de proyectos APP sería conveniente contar con una oficina especializada que promueva el desarrollo de estos proyectos, y capacitar adecuadamente a los funcionarios gubernamentales encargados de dicho desarrollo.
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