La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, una iniciativa del gobierno federal que ha sido denominada por la oposición como “ley antimemes”, debido a los riesgos que para la libertad de expresión en internet.
El proyecto de decreto modifica y adiciona diversos artículos a la referida Ley, para introducir el concepto de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet y redes sociales, al obligárseles a retirar de forma expedita contenidos que infrinjan los derechos de autor; de lo contrario, se arriesgarán a recibir sanciones severas.
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El dictamen obtuvo un total de 325 votos a favor, en lo general, de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 114 votos en contra emitidos por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC).
Asimismo, se registró una abstención de la diputada morenista Olga Sánchez Cordero, quien argumentó que las normas aprobadas resultan demasiado amplias y otorgan un margen excesivo de discrecionalidad a la autoridad administrativa encargada de aplicar las sanciones.
La nueva normativa estipula que las plataformas digitales y proveedores de internet deberán suspender el servicio o dar de baja cuentas de usuarios reincidentes que infrinjan derechos de autor.
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En caso de no retirar el material infractor de manera inmediata, las empresas tecnológicas se convertirán en corresponsables y podrán enfrentar multas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por un valor de hasta 40,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a más de 4.3 millones de pesos.
La reforma prohíbe el uso no autorizado de fotografías, videos, audios, animaciones, etcétera, que hayan sido modificados con herramientas digitales e inteligencia artificial.
Asimismo, se prohíbe el uso de los símbolos, logos, membretes, imágenes oficiales, etcétera, pertenecientes a instituciones del sector público, con el propósito de suplantar a dichos entes con la intención de confundir o defraudar a los ciudadanos.
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En el debate parlamentario, los legisladores del bloque oficialista defendieron la reforma al asegurar que se pretende proteger a los creadores y cumplir con los compromisos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
También dijeron que la iniciativa no quiere criminalizar la sátira ni la parodia y afirmaron que los proveedores de internet y de las plataformas digitales no serán responsables por el simple hecho de transmitir información, sino cuando existan elementos de conocimiento de la infracción y beneficio económico directo.
En contraste, los diputados de oposición cuestionaron severamente el dictamen.
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Argumentaron que las multas tan elevadas obligarán a las plataformas a aplicar filtros automatizados de censura previa, lo que provocará la eliminación de contenidos legítimos como memes, críticas políticas y expresiones periodísticas, lo que terminará por afectar los derechos fundamentales de libertad de expresión y convertir a los proveedores de internet y de las redes sociales en comisarios digitales.
GC
