Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial fue un acto de “rudeza innecesaria”, ya que ha generado más incertidumbre que tranquilidad entre los actores económicos.
En este sentido, el líder empresarial refirió que para disipar dudas y temores, será fundamental conocer cómo se plasma la reforma en las leyes secundarias, que son las que precisarán los detalles y la forma de aplicación de los cambios constitucionales.
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La reforma al Poder Judicial “fue como abrir una bolsa de celofán que hace mucho ruido, se aprobó con rudeza innecesaria”, opinó Cervantes Díaz.
Entrevistado por la prensa en el foro “Inside Latam” organizado este miércoles por la agencia calificadora Moody’s, Francisco Cervantes aseguró que el empresariado insistirá en la relevancia de garantizar que los nuevos jueces sean profesionales del derecho bien preparados que puedan actuar con independencia.
“En la formulación de leyes secundarias es donde tenemos oportunidad de insistir que se debe buscar la independencia, gradualidad y capacidad de los aspirantes”, dijo el líder empresarial.
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La reforma al Poder Judicial, que se publicó el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y ya entró en vigor, establece que los jueces, magistrados y ministros serán designados por medio de un innovador mecanismo de elecciones por voto popular.
Todos los juzgadores del poder judicial federal deberán ser renovados en dos procesos electorales, uno en junio de 2025, y otro en 2027.
La reforma establece la creación de comités de selección de candidatos a juzgadores en el gobierno federal, el Poder Legislativo y el mismo Poder Judicial, que se encargarán de armar las listas de aspirantes a jueces, magistrados y ministros.
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También se flexibilizan los requisitos para los aspirantes, ya que no necesitarán demostrar experiencia previa en la impartición de justicia, además de que podrán participar los recién egresados de la carrera de Derecho.
Ante los riesgos de que los juzgadores puedan ser objeto de presiones por el gobierno federal y los legisladores federales que los incluyeron en las listas, así como de otros grupos de poder, el sector privado ha destacado la relevancia de garantizar que los nuevos juzgadores tengan la preparación y experiencia necesaria.
“Que tengamos jueces capacitados y sobre todo que tomen en cuenta a los buenos”, dijo Francisco Cervantes.
GC
