Gasolineros de todo el país advirtieron que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la semana pasada, por el que se restringe la atención de trámites pendientes y futuros de participantes del mercado energético, representa una barrera a la libre competencia.
El Acuerdo A/004/2023 reanuda los plazos y términos legales “de manera ordenada y escalonada”, como medida de prevención y combate a la propagación del coronavirus.
Lo anterior, pese a que actualmente existe un rezago importante de más de 10 mil asuntos pendientes, de los cuales, alrededor de 8 mil corresponden a la materia de hidrocarburos y más de 1,200 de pre-registros.
En un posicionamiento, la unión de asociaciones de empresarios de la industria de hidrocarburos líquidos más grande de México (Onexpo Nacional) señaló que este acuerdo contraviene la Constitución Política, además de que va en contra del desarrollo del sector privado en la industria de los petrolíferos.
La organización añadió que, de permanecer las reglas dictadas, es altamente probable que se incremente el rezago y con ello de nuevo la paralización de trámites ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que se generen barreras a la libre competencia y que se inhiban las inversiones en el sector.
Asimismo, prevé que se propicien la pérdida de empleos directos e indirectos y se restrinjan la construcción de infraestructura necesaria para atender la nueva oferta que derive de la operación de la Refinería de Dos Bocas.
También podría motivar la judicialización de este acuerdo a fin de promover las inversiones y el desarrollo. Además, se podría promover de manera indirecta la proliferación de mercado ilícito de combustibles.
Igualmente, podría impactar en la recaudación fiscal al no poder contener el mercado informal.
Bajo esta óptica, Onexpo Nacional hizo un llamado a la CRE a realizar un análisis profundo, técnicamente sustentado e integral al Acuerdo, en el que se evalúen y consideren los efectos negativos que tiene sobre los consumidores, inversionistas, empresas, resultando lesivos a cualquier forma de competencia económica, de generación de fuentes de trabajo que llevan bienestar a las regiones en donde se puedan instalar alguna de las diversas actividades que integran el sector de los petrolíferos.
“Es importante que del análisis se obtengan nuevas reglas que garanticen el Estado de Derecho, bajo los principios de legalidad, objetividad, transparencia, equidad y certeza jurídica, pues el contenido de este acuerdo genera agravio a los derechos de los regulados, ya que contravienen disposiciones vigentes e incluso constitucionales que limitan el derecho de petición y el derecho a ser atendido”, mencionó la unión.
De acuerdo con la organización, siempre apoyan las acciones que tienen por objeto fortalecer el Estado de Derecho y la generación de la infraestructura que permita la seguridad energética, el bienestar de los ciudadanos y la mejor atención a los consumidores.
“Solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que consideren los recursos financieros necesarios y suficientes que le permitan a la CRE no solamente abatir el rezago de los trámites pendientes, sino además de forma paralela dar curso a los trámites nuevos.
“A la CRE le pedimos revisar los términos del Acuerdo y en su caso establecer una nueva metodología de atención de los asuntos tanto rezagados como los que se generen en el futuro, de tal manera que la industria no se vea restringida ni limitada y se permita el libre desarrollo de la Industria en toda la cadena de valor”, expuso.
Bajo esta petición, Onexpo Nacional propuso establecer mesas de trabajo para la revisión y establecimiento de la nueva metodología de atención.
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