Seis de cada 10 empresas de México se consideran algo o muy afectadas por la inseguridad, tanto de la delincuencia común como de la delincuencia organizada, a tal grado que 12% de las empresas percibe que el crimen organizado ya tiene control parcial de la distribución, venta y fijación de precios de los productos.

Así lo reveló el estudio “Sondeo de seguridad empresarial 2024”, elaborado por la Cámara Americana de Comercio de México (AmCham México) entre sus socios, el cual refirió que los delitos más comunes reportados por las empresas son el asalto con violencia a trabajadores, ataques al transporte de mercancías y la extorsión virtual.

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Un segundo grupo de incidentes son los disturbios sociales, los ataques cibernéticos y los fraudes internos.

En este sentido, el sondeo mostró que las entidades federativas en donde las empresas se sienten más preocupadas por la inseguridad son el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán; mientras que las entidades donde la preocupación es menor son Baja California, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Con el propósito de prevenir el riesgo de la inseguridad o bien para atender las crisis que llegaran a presentarse, 58% de las empresas consultadas por AmCham manifestó que invierte entre 2% y 10% de su presupuesto anual en sistemas y medidas de seguridad.

Un segmento de 4% de las compañías invierte 10% de su presupuesto las acciones de seguridad.

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Entre las medidas de seguridad más comunes se encuentran la inversión en tecnología para la seguridad, concientización y capacitación del personal, así como planes para la gestión de crisis.

El “Sondeo de seguridad empresarial” refiere que, si bien hubo una mejoría en la percepción de la seguridad para las empresas respecto al estudio del año pasado, los directivos consultados reconocieron que persisten los riesgos en el país ante la ola delictiva que no cede de manera contundente.

Además, 43% de las empresas consideró que la delincuencia organizada representa un alto riesgo para sus operaciones; a diferencia de la delincuencia común, ya que la mayoría de los encuestados —42%— la identificó como un riesgo de tipo moderado.

Al ser preguntados respecto a si el crimen organizado ya tiene el control de la venta, distribución y fijación de precios de los productos, 87% de los participantes respondió que no; sin embargo, una porción de 12% dijo que sí tiene una influencia parcial, mientras que 1% aceptó que sí existe un dominio total.

Sobre la ciberseguridad, 81% de los consultados reconoció que esta materia constituye una alta prioridad para sus operaciones, ante los riesgos de ser blanco de ataques en sus sistemas cibernéticos y también por el robo de información.

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Respecto al papel de la autoridad y el Estado de derecho, 80% de las empresas consultadas consideró que las leyes se hacen valer poco o nada en el país, al tiempo que 85% de los encuestados aceptó que la ilegalidad ha afectados sus operaciones de alguna manera.

“La percepción sobre la actuación de las autoridades sigue siendo negativa, pues la cooperación con las autoridades no es un factor decisivo en la mejora de las condiciones de seguridad que perciben las empresas, mientras que la ausencia de Estado de derecho y la corrupción sí son determinantes cuando la percepción es de deterioro”, refirió el estudio.

GC