La norteamericana Vulcan Materials y la mexicana Cemex llegaron a un principio de acuerdo para resolver el conflicto judicial entre ambas compañías por el uso de la Terminal Marítima de Punta Venado en Quintana Roo.
Mediante este acuerdo provisional, Cemex tendrá derecho para utilizar las instalaciones de la Terminal, según un reporte de la agencia Reuters, que cita a fuentes conocedoras de la situación.
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Vulcan Materials informó que, el pasado 14 de marzo, elementos de la Marina y de la policía estatal, junto con representantes de Cemex, allanaron la Terminal Marítima de Punta Venado sin presentar una orden judicial.
La empresa acusó que fue objeto de un atropello, queja que llegó a las más altas autoridades de Estados Unidos. Incluso, el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, dijo la semana pasada que su gobierno estaba “preocupado” por el trato que reciben las empresas norteamericanas en México, en referencia al caso de Vulcan Materials.
Asimismo, legisladores de Estados Unidos han levantado la voz para protestar por la incursión de las fuerzas de seguridad mexicanas a la Terminal de Punta Venado.
Vulcan Materials obtuvo una concesión del gobierno mexicano, a través de su filial Sac Tun, para operar la Terminal Marítima hasta el año 2037.
Sac Tun firmó un contrato con Cemex para que esta empresa mexicana pudiera hacer uso de esa infraestructura, en aras de transportar materiales de construcción vía marítima.
Sin embargo, el contrato con Cemex concluyó en diciembre de 2022, por lo que esta compañía ya no tiene derecho a ingresar a las instalaciones, ha explicado Sac Tun.
En tanto que la cementera mexicana niega que haya terminado el contrato e insiste en que sigue vigente.
Derivado de este conflicto entre las dos empresas, Cemex acudió al Poder Judicial y ante la Fiscalía de Quintana Roo para obligar a a Sac Tun a dejarle usar la Terminal Marítima.
Al cabo de varias gestiones y de intentos infructuosos de Cemex por negociar con Sac Tun, la Fiscalía le concedió a la cementera mexicana como medida cautelar el derecho de ingresar a las instalaciones para hacer uso de ellas, lo que dio lugar a la diligencia del pasado 14 de marzo.
(Con información de Reuters)
GC
