La norteamericana Valero Energy reanudó sus importaciones de combustibles al mercado mexicano, tras haber recibido la autorización correspondiente del gobierno mexicano.

El 11 de abril, la compañía dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le notificó que fue bloqueada temporalmente del padrón de importadores, con el argumento de que no tenía permisos vigentes para introducir combustibles al país desde el extranjero.

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Sin embargo, Valero consideró que ese criterio fue “un error” al argumentar que el gobierno mexicano le extendió sus permisos con vigencia hasta 2038.

Pero tras realizarse las aclaraciones y la verificación de los documentos correspondientes, el gobierno mexicano levantó la suspensión a Valero para importar combustibles, según un reporte de la agencia Reuters, que cita a Gary Simmons, director de Operaciones de la compañía, quien hizo estos comentarios en una conferencia sobre los resultados financieros de Valero al primer trimestre de 2025.

Según el directivo, el pasado 9 de abril, se suspendieron los permisos de importación, debido a que funcionarios aduanales tenían una serie de preguntas para la empresa; pero una vez que quedó claro que Valero está al corriente de sus obligaciones fiscales y de reportar puntualmente sus volúmenes de importación, se reactivaron los permisos.

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Como se ha informado, el gobierno mexicano identificó la existencia de importaciones irregulares de gasolinas y diésel al país, que ingresan como si fueran aditivos, aceites o bien otras mercancías, para evitar el pago de impuestos, una práctica que se ha denominado como “huachicol” fiscal.

Desde el sexenio pasado, la prensa mexicana ha documentado el ingreso al país de pipas que cruzan la frontera procedentes de Estados Unidos, así como buques-tanque que atracan en puertos del Golfo de México, que contienen gasolinas y diésel, los cuales se declaran como si fueran otras mercancías para no pagar impuestos.

Ya en territorio nacional, los combustibles se descargan en instalaciones que no son las adecuadas para el comercio de hidrocarburos, sino afuera de los recintos fiscales oficiales, a espaldas de los agentes aduanales y de las autoridades del SAT, y sin el equipo necesario.

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En el presente sexenio, el gobierno mexicano ha reconocido oficialmente la existencia de este contrabando de combustibles, con lo que ya se han efectuado intervenciones con las fuerzas armadas.

Tan solo el 31 de marzo pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó de un aseguramiento récord de 10 millones de litros de diésel de procedencia indeterminada, en Altamira, Tamaulipas. Asimismo, se aseguraron 192 contenedores de hidrocarburos, 29 tractocamiones, un buque-tanque, armas y vehículos.

(Con información de Reuters)

GC