La extinción de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, emerge nuevamente como tema de controversia, ante el intercambio de señalamientos entre Sanjuana Martínez Montemayor, exdirectora de la empresa, y el gobierno federal, sobre presuntas irregularidades en el proceso de liquidación del personal y supuestos “moches” para las campañas políticas.
Como se informó, los extrabajadores de la empresa firmaron un acuerdo para terminar las relaciones laborales el pasado 29 de diciembre y también recibieron su indemnización por despido. De esta manera el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) levantó el movimiento de huelga que mantuvo durante más de tres años, con lo cual se dio por terminado un conflicto laboral que se gestó en la presente administración.
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Sin embargo, el conflicto parece no haber llegado a su fin, ya que a casi dos semanas de la firma del acuerdo, Sanjuana Martínez acusó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de no haber ofrecido información suficiente sobre cómo se iba a cuantificar la liquidación del personal en activo de Notimex, lo que incluye al personal administrativo.
Y una vez que las autoridades determinaron el monto a pagar para cada trabajador como parte de la conclusión de las relaciones laborales, el mismo secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, solicitó una cuota de 20% de las indemnizaciones, con el propósito de financiar la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República, acusó la exdirectora en un artículo publicado ayer en el diario La Jornada.
Sin embargo, este martes, la STPS emitió un comunicado en el que rechazó las quejas y acusaciones de Sanjuana Martínez, al negar que Marath Bolaños o algún otro funcionario de la dependencia hayan exigido una cuota para las campañas.
“Es absolutamente falso que el titular de esta dependencia o su director general de asuntos jurídicos hayan solicitado dinero para ser destinado a alguna campaña presidencial y más falso aún que eso haya sido un elemento de condicionamiento para el pago indemnizatorio de los 63 trabajadores activos de Notimex”, refirió la STPS en su comunicado.
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La Secretaría igualmente defendió el proceso de terminación de las relaciones laborales con los empleados sindicalizados y el personal administrativo, al referir que se consideraron aspectos como la antigüedad y el salario, como establece la ley, para calcular las indemnizaciones por despido, de modo que no hubo un trato preferencial ni para el SutNotimex ni para los empleados administrativos.
Según Martínez Montemayor, el gobierno federal dispuso de una cantidad de 256 millones de pesos para el SutNotimex, mientras que a los empleados administrativos solo les ofrecieron 6% de esa cantidad, por lo que sus liquidaciones fueron bajas.
La STPS respondió que el pago de las indemnizaciones fue transparente, porque “en cada caso particular se consideraron los derechos que legítimamente les correspondían de acuerdo a la ley, al Contrato Colectivo de Trabajo, al contrato individual y la antigüedad”.
Asimismo, las autoridades laborales desmintieron a la exdirectora respecto a que el personal administrativo fue excluido del proceso de terminación de las relaciones laborales y que no recibió la información necesaria.
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Por el contrario, los directivos “se constituyeron como parte del esquema respectivo y, aunque el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) funge como liquidador del gobierno federal, fueron los responsables de la administración de Notimex quienes validaron con su firma los cálculos de la indemnización correspondiente”.
La STPS ya no respondió a otras acusaciones de Sanjuna Martínez, como aquella respecto al papel que jugó el abogado Arturo Alcalde Justiniani, padre de Luisa María Alcalde Luján, exsecretaria del Trabajo, como asesor legal del SutNotimex y quien presuntamente instigó a los trabajadores sindicalizados para que estallaran la huelga que se prolongó más de tres años.
La exdirectora igualmente acusó a Arturo Alcalde de amedrentarla para aceptar las condiciones de los trabajadores, en aras de que no estallaran la huelga. Sin embargo, el SutNotimex ha negado que el abogado sea su asesor legal o que tenga alguna relación con la dirigencia del gremio.
GC