El gobierno de México fue condenado a pagar 6.7 millones de dólares (mdd) a la empresa PACC Offshore Services Holdings Ltd (POSH), de Singapur, por una indemnización comercial que se deriva del viejo caso de corrupción, que involucra a la empresa mexicana Oceanografía, prestadora de servicios para la industria petrolera.

La Secretaría de Economía explicó que POSH tuvo una relación comercial con Oceanografía, a la cual le fletó embarcaciones mediante empresas subsidiaras mexicanas y singapurenses.

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En el sexenio pasado, Oceanografía fue señalada y sancionada por solicitar créditos denominados en dólares a Citibanamex, respaldados en presuntas cuentas por cobrar con Petróleos Mexicanos (Pemex), la mayoría de ellos ficticios.

En su momento, las autoridades descubrieron que Oceanografía obtuvo préstamos de 580 mdd, pero que en realidad solo tenía cuentas por cobrar con Pemex por 185 mdd, de modo que los 400 mdd restantes no tenían un respaldo real.

Asimismo, se descubrió que los contratos que Oceanografía obtuvo con Pemex por prestación de servicios presentaron diversas irregularidades, como el hecho de ajustar los precios finales de la provisión de servicios.

En el sexenio pasado, las autoridades mexicanas suspendieron todo trato de negocios entre las entidades de gobierno y Oceanografía y también ordenaron el cobro de multas y el aseguramiento de los bienes de la compañía.

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A partir de la aplicación de estas disposiciones, POSH se quejó de haber sido perjudicada injustificadamente, lo que le ha provocado pérdidas económicas significativas y por eso demandó al gobierno mexicano para reclamar la reparación correspondiente.

“A consideración de POSH, algunos actos realizados por autoridades mexicanas dirigidos a Oceanografía afectaron sus inversiones en México. Ante esta situación, POSH reclamó una compensación económica en contra del Estado mexicano superior a los 227 mdd”, informó la Secretaría de Economía en un comunicado.

El asunto se atendió a través de un tribunal internacional establecido conforme al Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de las Inversiones entre el gobierno mexicano y el gobierno de la República de Singapur.

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A lo largo del proceso, las partes presentaron sus pruebas y argumentos, de lo que se desprendió que el tribunal “desestimó prácticamente todas las reclamaciones de POSH, debido a que carecían de méritos suficientes”, explicó la Secretaría de Economía.

El tribunal consideró que las disposiciones del gobierno mexicano no representaban actos expropiatorios ni que tampoco fueran injustos o inequitativos.

Sin embargo, el tribunal internacional sí concedió la razón a POSH respecto a “una medida relacionada con la detención temporal de algunas embarcaciones propiedad de la empresa”, de ahí la condena contra el gobierno mexicano para pagar una indemnización de 6.7 mdd.

La Secretaría de Economía destacó que este monto representa menos de 3% de la cantidad que originalmente exigía POSH.

“El resultado de este arbitraje es producto de cuatro años de arduo trabajo que muestra el profesionalismo que distingue a los funcionaros de la Secretaría de Economía”, concluyó el comunicado.

GC