Un juez federal admitió una solicitud de juicio de amparo que pretende frenar las obras y trámites de autorizaciones provisionales de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, obra prioritaria para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pasará por los estados de Quintana Roo y Campeche.
Adrián Fernando Novelo, juez Primero de Distrito, con sede en Yucatán, admitió el trámite de ampliación de la demanda de amparo que pretende detener el desarrollo de los últimos tramos del Tren, los cuales ya tienen permisos provisionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El juez Novelo es el mismo que concedió la suspensión definitiva en el caso del recurso presentado por buzos profesionales para el Tramo 5 Sur, en Quintana Roo.
El 5 de abril pasado, la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) tramitó la demanda de amparo 923/2020, contra los permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución y desarrollo de actividades en el Tramo 5 del proyecto Tren Maya.
Tres semanas después de presentado, Novelo Pérez concedió la suspensión provisional en la que resolvió frenar la ejecución material de la construcción de todo el tramo, de 67.7 kilómetros de extensión, que va de Cancún a Tulum.
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El juez también ordenó que no se permitiera la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material.
Pero el 25 de mayo, la quejosa ingresó ante el juzgado una ampliación de la demanda de amparo, con el propósito de incluir una nueva autoridad responsable: la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat y los tramos 6 y 7.
El acto reclamado es contra “cualquier autorización provisional de obras y proyectos de infraestructura a cargo del gobierno de México, emitida expresamente con base en el Acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación; esto, en relación con los Tramos 5, 6 y 7 del Proyecto denominado Tren Maya”, según se lee en la resolución del juez.
El acuerdo se refiere al expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual declara obras públicas como el Tren Maya como un asunto de “seguridad nacional” y por el que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar de manera expedita la autorización provisional, permisos o licencias necesarias para iniciar proyectos ferroviarios y garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Como Novelo Pérez no consiguió verificar la certeza de lo reclamado por la parte quejosa, es decir, no pudo conocer si la DGIRA ya había concedido autorizaciones para los tramos 6 y 7, decidió no conceder la suspensión provisional en este punto específico.
Con las autorizaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de los más de 530 kilómetros del Tren Maya, podría iniciar trabajos.
Será el próximo 5 de agosto la audiencia incidental y, en caso de que no se difiera, se resolverá sobre el asunto, y el juez podría retirar la suspensión o decidir mantenerla en definitiva.
El gobierno federal podría hacer caso omiso a la resolución del juez, como ocurrió recientemente con el amparo tramitado por buzos del Tramo 5 Sur, alegando que el Consejo de Seguridad decidió declarar al Tren Maya como obra de seguridad nacional, tal como informó el pasado 18 de julio, Javier May, titular del Fondo nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
GC
