Un grupo de 236 sobrecargos de jubilados de Mexicana de Aviación interpuso un juicio de amparo en contra del acuerdo alcanzado entre el gobierno y los sindicatos y grupos de extrabajadores de la empresa para concretar la enajenación de la empresa por 816,700 millones de pesos (mdp), lo que constituye un obstáculo para continuar adelante con el proceso de compra-venta.
En enero pasado, el gobierno mexicano cerró con sindicatos y otros representantes de trabajadores y extrabajadores de la quebrada Mexicana de Aviación la compra de la marca de la compañía y los bienes que le quedan por el monto referido, con la intención de convertir a la marca y sus activos en una nueva aerolínea comercial administrada por las fuerzas armadas.
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Los trabajadores y empleados jubilados habían interpuesto diversas demandas y recursos judiciales en contra de la compañía desde que dejó de volar en 2010, para reclamar el pago de sus salarios caídos, prestaciones e indemnizaciones por despido y, en el caso de los jubilados, el pago de sus mensualidades y prestaciones.
Sin embargo, la situación de los reclamantes tuvo una esperanza de solución cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que tenía interés en adquirir la marca y los bienes de la empresa para impulsar una nueva aerolínea comercial de participación estatal.
En un principio, los reclamantes estuvieron de acuerdo pero, cuando en enero de este año se conoció el acuerdo alcanzado entre los sindicatos, grupos de trabajadores y el gobierno, surgieron los desecuentros, al considerarse que la oferta de los 816,700 mdp no alcanzará para cubrir todos los adeudos laborales.
Iván Enríquez, vocero del grupo de sobrecargos jubilados inconformes, ha dicho a la prensa que en el año 2016, un total de 453 sobrecargos jubilados de Mexicana obtuvo un laudo favorable de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que les concede la razón en sus demandas por el pago de compensaciones económicas y que deben ser cubiertas por la empresa.
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“Nosotros tenemos derechos protegidos con laudo y el gobierno quiere pasar por encima de ellos y no estamos en contra de la venta de los bienes de Mexicana, sino del acuerdo que se tomó a nuestras espaldas. Nos quieren otorgar 1.7% de lo que nos deben a la fecha, lo cual es inaceptable”, aseguró Enríquez en entrevista de radio.
El acuerdo se concretó en las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de Mexicana, entre otras organizaciones laborales.
Los bienes que pasarán a manos del gobierno son la marca Mexicana, las submarcas MexicanaLink y Click Mexicana, así como dos edificios –uno en Guadalajara, Jalisco, y otro en la Ciudad de México—, además de un centro de adiestramiento y dos simuladores de vuelo.
El acuerdo con el gobierno tiene como propósito que los trabajadores y extrabajadores se desistan de sus derechos a embargar los bienes de la empresa para rematarlos y de ahí cobrarse sus adeudos, un derecho que ganaron en las resoluciones que han obtenido a partir de los juicos que han presentado contra la empresa.
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La renuncia para ejercer este derecho tiene que ser unánime entre todas las partes interesadas, pero si no es así, como ocurre con los 236 sobrecargos jubilados, el proceso de compra-venta de Mexicana de Aviación tendrá obstáculos para concretarse, según explicaciones de la ASSA.
Acuerdo cubrirá menos de 10% de total de adeudos
Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de Mexicana, ha reconocido en declaraciones a la prensa que la oferta del gobierno no alcanzará para cubrir el monto de los pagos que debe hacer la compañía quebrada a los trabajadores y los jubilados, con base en los laudos ganados ante la JFCA.
Sin embargo, ha dicho que el acuerdo con el gobierno constituye una solución viable ante un conflicto que ya tiene varios años de estar en marcha y sin darle resultados concretos a los reclamantes.
“Mexicana cubrirá menos de 10% de los laudos, es una cifra dolorosa, pero no hay otro camino. El otro camino sería que la JFCA pusiera en remate los bienes al mejor postor. No sabemos cuál sería el beneficio económico, nos ahorramos el proceso, salimos lo mejor librados, a veces perdiendo se gana”, dijo el representante laboral en entrevista con Aristegui Noticias.
Pero también otro motivo de inconformidad entre los trabajadores y extrabajadores de Mexicana consiste en la forma como se hará el reparto del dinero que aportará el gobierno.
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Los 816,700 mdp los depositará el gobierno en la JFCA, para que a partir de allí se pague a todos los demandantes. Corresponde a los sindicatos y las agrupaciones de trabajadores y jubilados hacer una lista de todos los interesados y de cuantificar los montos que deberá recibir cada quien.
Iván Enríquez también ha cuestionado este criterio, porque considera que el gremio de sobrecargos y sobretodo, el de jubilados, recibirá un monto considerablemente menor al resto de los reclamantes.
“La STPS, la JFCA y los demás compañeros quieren que nos allanemos a lo que acordaron y no a suceder. No fuimos tomados en cuenta, presentamos el amparo y nos dieron la suspensión definitiva. No es cosa menor, nuestro laudo (de 2016) respalda a 453 compañeros, es un solo laudo, y tiene que cumplirse”, insistió el trabajador jubilado.
(Con información de Aristegui noticias)
GC
