El gobierno mexicano ganó una vieja disputa que tenía Petróleos Mexicanos (Pemex) con la empresa Oro Negro, por la renta de unas plataformas petroleras, al ser desestimado el caso por un tribunal arbitral internacional.
Asimismo, el tribunal arbitral ordenó a la parte demandante pagar al Estado mexicano una indemnización de 400,000 dólares por gastos del arbitraje, informó la Secretaría de Economía de México a través de un comunicado.
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La controversia empezó en 2018, cuando la parte demandante —Alicia Grace y la empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro SAPI de CV— abrió un procedimiento de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial (BM).
Los demandantes acusaron a Pemex de haber incumplido el pago de la renta de cinco plataformas petroleras entre los años 2013 y 2017, lo que se debió a la caída de los precios internacionales del petróleo que diminuyeron los ingresos de la empresa estatal.
El incumplimiento de Pemex provocó a su vez que Oro Negro cayera en pérdidas económicas e incumplimientos con acreedores, con quienes se financió para hacer negocios con la empresa petrolera.
Oro Negro tuvo que declararse en quiebra, ante las dificultades que tenía para salir adelante y cumplir con sus acreedores. De ahí que demandó a Pemex a través del arbitraje internacional, para exigir 270 millones de dólares (mdd) de indemnización.
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Sin embargo, este mes de agosto el CIADI emitió su resolución que favorece al Estado mexicano.
“El 19 de agosto de 2024, el Tribunal Arbitral constituido para conocer este caso conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) resolvió de manera unánime y a favor de México no tener jurisdicción para resolver las reclamaciones presentadas por las demandantes, con lo cual desestimó el caso en su totalidad”, informó el comunicado.
Entre los razonamientos se encuentra el hecho de que los demandantes acreditaron tener doble nacionalidad, incluida la mexicana, por lo que el CIADI carece de facultades para juzgar entre connacionales; además de que algunos de los demandantes no lograron demostraron tener “legitimidad necesaria” para demandar al Estado mexicano conforme a las reglas del TLCAN.
La Secretaría de Economía -que asumió la representación de México- consideró que la resolución de este procedimiento constituye un logro para el Estado mexicano, además de que sienta “un valioso precedente en materia de arbitraje de inversión”.
GC
