A  10 años del derrame de residuos mineros en los ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora —considerado el desastre minero más importante del país—, el gobierno federal garantizó que no se dará “carpetazo” al asunto, hasta que Grupo México se haga responsable de los daños ambientales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha dado seguimiento al caso y que hasta el último día de su mandato, el 30 de septiembre, hará todo lo necesario para atender las demandas de la población afectada.

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“Vamos a avanzar más en estos días que nos faltan y es muy importante que quede el expediente abierto, no hay carpetazo para darle continuidad y se llegue a la remediación y también a la reparación de los daños”, comentó el mandatario.

“Por eso las denuncias que se han presentado, hay una denuncia penal en proceso, que se está tramitando tanto en Sonora como en la Fiscalía General de la República”, dijo el López Obrador.

Las denuncias que comentó el mandatario se refieren a una demanda por la extinción del Fideicomiso Río Sonora —por medio del cual se iba a financiar y organizar la remediación ambiental del lugar— y una denuncia penal que interpuso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2023.

En la conferencia de prensa de todas las mañanas de Presidencia de la República, María Luisa Albores González, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, hizo una exposición sobre el estado que guarda el caso de los Ríos Sonora y Bacanuchi.

El 6 de agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre —propiedad de Grupo México— derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, lo que afectó los ríos Sonora y Bacanuchi, así como a ocho municipios del estado de Sonora.

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Después de ocurrido el desastre, Grupo México firmó con la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) un convenio de remediación, reparación y compensación de daños ambientales y a la salud el 15 de septiembre de 2014.

Dicho programa estableció un programa de remediación ambiental y la constitución del Fideicomiso Río Sonora, por un monto de 2,000 millones de pesos (mdp).

Sin embargo, Grupo México solo aportó 1,232 mdp, recursos con los cuales se hicieron diversos gastos, entre ellos 78 mdp en apoyo a las personas afectadas, así como 185 mdp para tinacos y 4.7 mdp para una planta potabilizadora en Bacanuchi que solo operó dos años.

Semarnat determinó en 2016 que se cumplió el programa de remediación y, en 2017, Profepa dijo que se habían cubierto las medidas correctivas, por lo que ese mismo año se extinguió el Fideicomiso Río Sonora.

Por esta razón, se le devolvieron 77 mdp a Grupo México.

Sin embargo, el caso dio un giro, cuando en 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó emitir nuevas determinaciones sobre las acciones de remediación y corrección del desastre minero.

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En cumplimiento a la sentencia de la SCJN, la Profepa y Semarnat dejaron sin efecto los resolutos emitidos anteriormente en 2016 y 2017; de ahí que Semarnat generó un nuevo documento en el que advierte que no se alcanzaron niveles adecuados de remediación ambiental y solicitó a Grupo México modificar sus programas remediación no solo suelo, sino también de agua y vegetación.

En 2023 se publicó el “Dictamen de diagnóstico ambiental del Río Sonora”, según el cual el diseño hidrológico del sistema de tinajas de la minera Buenavista del Cobre operaba con deficiencias, por lo que el derrame de contaminantes fue responsabilidad de la empresa.

En la medida en que quedó sin efecto la extinción del Fideicomiso Río Sonora, las autoridades han convocado a Grupo México a participar en la reinstalación del mismo, pero la empresa se ha rehusado, ya que no ha enviado representantes para conformar al Comité Técnico del Fideicomiso.

La empresa también ha sido omisa con los exhortos de Nacional Financiera (Nafin) para que devuelva los 77 mdp y además Grupo México ha evadido su responsabilidad para presentar un nuevo plan de remediación, porque impugnó en tribunales la resolución en el sentido de que no se alcanzaron los niveles de remediación adecuados.

GC