En un momento en el que México se jacta de ser un buen destino para la inversión extranjera, ante el proceso internacional de relocalización de empresas o “nearshoring”, el caso de la empresa norteamericana Vulcan Materials emerge como una “piedra en el zapato” que cuestiona la apertura del gobierno mexicano para recibir amigablemente a las compañías extranjeras que quieran establecerse en territorio nacional.
Vulcan Materials es una empresa norteamericana que, a través de su filial Sac-Tun —antes Calica—, realiza extracción de piedra caliza para ocuparla como material de construcción, operaciones que se ubican en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, en Quintana Roo.
Pero también Sac-Tun tiene una concesión para administrar la Terminal Marítima de Punta Venado, en Playa del Carmen.
¿Qué problemas tiene la empresa con el gobierno de México?
En mayo del año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) clausuró las actividades de Sac-Tun en el predio conocido como La Rosita, en donde se extrae la piedra caliza, con el argumento de que la compañía sobreexplota el material pétreo y provoca graves daños ambientales en la región.
Si bien esta clausura ocurrió en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se trata de la primera vez que la compañía recibe la orden de clausura, ya que en el sexenio pasado, en los años de 2017 y 2018, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también impuso sellos de clausura.
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Derivado de estas últimas resoluciones fue que Vulcan Materials solicitó en 2018 la apertura de un arbitraje internacional contra el gobierno mexicano, bajo las reglas del viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hoy día Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Respecto a esta controversia, López Obrador dijo recientemente que su gobierno respetará la resolución del panel arbitral, pero insistió en acusar a Vulcan Materials y a su filial Sac-Tun de provocar un “ecocidio” en Quintana Roo.
¿Y qué pasa con Cemex?
El pasado 14 de marzo, elementos de la Marina, de la policía de Quintana Roo y personal de Cemex se presentaron en la Terminal Marítima de Punta Venado para ingresar a las instalaciones.
Vulcan Materials denunció que se trató de un allanamiento a su propiedad, ya que las fuerzas de seguridad y el personal de Cemex ingresaron ilegalmente, sin presentar una orden judicial.
La compañía norteamericana explicó que tenía un contrato con Cemex para que esta compañía pudiera movilizar material de construcción a través de la Terminal Marítima; sin embargo, el convenio concluyó en diciembre del año pasado.
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En respuesta, Cemex contestó que el contrato continuaba vigente y que, ante la negativa de Sac-Tun para permitirle ingresar desde hace varios meses, se vio forzada a emprender denuncias en tribunales locales y la Fiscalía de Quintana Roo.
Según Cemex, la Fiscalía estatal le concedió como medida cautelar, en lo que se resuelve el fondo del asunto, el permiso para poder ingresar nuevamente a la Terminal Marítima, lo cual se efectuó el 14 de marzo.
Lo que sigue para Vulcan Materials y México
Esta semana se dio a conocer que Vulcan Materials y Cemex alcanzaron un principio de acuerdo para resolver su controversia por el uso de la Terminal de Punta Venado.
Se desconocen los detalles del acuerdo, pero implica que la cementera mexicana podrá volver a hacer uso de las instalaciones para transportar material de construcción.
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Por otro lado, las labores de extracción de piedra caliza siguen suspendidas y queda pendiente conocer la resolución del panel arbitral sobre la clausura de esas operaciones.
Hace unos días López Obrador pidió a los expertos que forman el panel que conozcan la situación en Quintana Roo, para ponderar con más elementos su resolución sobre la actuación de México.
GC
