Vulcan Materials considera opciones legales para responder ante la expropiación de su planta filial de piedra caliza Sac-Tun —antes Calica—, ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo, por la cual ha enfrentado una pugna con el gobierno mexicano.

Lo anterior, después de que el gobierno mexicano declaró área natural protegida el sitio denominado como Felipe Carrillo Puerto, con una extensión de 53,227 hectáreas, y que se despliega en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, Quintana Roo.

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La declaratoria se publicó ayer por medio de un decreto presidencial en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los terrenos donde se ubica la planta Sac-Tun se encuentran justamente dentro de los límites del municipio de Solidaridad.

En su decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador —que está a una semana de concluir su administración— justifica que la declaratoria de área natural protegida tiene la intención de preservar la flora y fauna del lugar.

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De esta manera, el gobierno mexicano cumplió su amenaza en contra de la empresa, en el sentido de que si no aceptaba una propuesta de compra de los terrenos que ocupa su filial Sac-Tun, entonces iba a proceder a una declaratoria de área natural protegida.

La oferta de compra establecía un precio de entre 7,000 y 8,000 millones de pesos (mdp), cantidad que fue rechazada por Vulcan Materials, propietaria de la planta.

López Obrador ha acusado a Vulcan Materials de sobreexplotar la piedra caliza en su planta de Playa del Carmen, razón por la cual ha provocado un grave daño ambiental al suelo, la flora y fauna del lugar, así como al frente de mar en el que la empresa tiene un puerto.

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En mayo de 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las actividades de explotación de minerales en la planta, por el “aprovechamiento indebido de los recursos naturales de nuestro país” y “el deterioro del medio ambiente”.

Desde entonces, las actividades de Sac-Tun han permanecido suspendidas.

En 2023, el gobierno mexicano envió fuerzas de seguridad para ocupar el puerto, a través del cual la compañía exporta mineral a Estados Unidos.

Ante las quejas de Vulcan Materials por las decisiones del gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos ha levando la voz para defender los intereses de la compañía.

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Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió en mayo de este año que una posible expropiación de la planta de piedra caliza iba a constituir como una “mala señal a la inversión” internacional.

No obstante las reacciones del gobierno norteamericano, la administración de López Obrador siguió adelante con sus intenciones y antes de concluir el actual sexenio publicó la temida declaratoria de área natural protegida. 

En este sentido, Vulcan Materials contestó desde Estados Unidos que la disposición constituye una expropiación y que, por tanto, iba a recurrir a las instancias legales correspondientes.

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“Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y tenemos la intención de defendernos utilizando todas las vías legales disponibles”, aseguró la compañía, citada por un reporte de la agencia Reuters.

El decreto completo puede consultarse aquí.

(Con información de Reuters)

GC