El gobierno federal respaldó al gobierno del estado de Quintana Roo en su enfrentamiento legal con la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), por la cancelación de su título de concesión para prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como “un abuso, un acto de prepotencia” que Aguakan haya interpuesto recursos jurídicos en contra del reciente decreto del Congreso del estado de Quintana Roo, para revocar su título de concesión.
Con esa maniobra jurídica, el Poder Judicial le ha concedido una suspensión a la compañía que le permite continuar con la prestación del servicio y hacer los cobros a los usuarios.
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Los diputados locales tomaron esa decisión, el 22 de diciembre de 2023, por supuestas irregularidades en la integración del título de concesión, mala calidad en la prestación del servicio, cobro de cuotas elevadas a los usuarios y daños al medio ambiente.
“Se me hace un abuso, un acto de prepotencia. Creo que la gobernadora de Quintana Roo (Mara Lezama Espinosa) también está a favor de suspender ese contrato que le entregaron a esta empresa. Mi recomendación respetuosa sería que se actuara”, comentó el mandatario.
Sin dar mayores argumentos sobre las razones legales, técnicas o económicas para revocar el título de concesión a Aguakan, López Obrador solo dijo tener malas referencias de la empresa, perteneciente a la familia Ballesteros, dedicada a los negocios.
“Yo tengo antecedentes no buenos de esa empresa”, aseguró el mandatario, al ser consultado hoy sobre esta controversia en su conferencia de prensa de todas las mañanas.
Concesión hasta 2053, inviable
Aguakan obtuvo su título de concesión en 1993, con vigencia hasta 2023, para ofrecer el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento originalmente en los municipios de Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres. Posteriormente, se extendieron las operaciones al ayuntamiento de Puerto Morelos.
En 2014, el Congreso estatal autorizó prorrogar anticipadamente el título de concesión en favor de Aguakan por 30 años más, es decir, hasta diciembre de 2053, además de que se aprobó la incorporación del municipio de Solidaridad.
Hasta fines del año pasado, Aguakan operaba regularmente en los cuatro municipios mencionados; pero el 22 de diciembre de 2023, el Congreso estatal sorprendió con nuevo decreto que revoca el de 2014 y determina cancelar la prórroga por 30 años más.
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La compañía tenía que concluir sus operaciones el 31 de diciembre de 2023, ya que a partir del 1 de enero de 2024 dejaba de tener vigencia su título de concesión.
Sin embargo, Aguakan acudió al Poder Judicial para solicitar un juicio de amparo en contra de la resolución del Congreso de Quintana Roo y obtuvo una suspensión de los efectos inmediatos del decreto, en lo que se resuelve el fondo del asunto.
Sobre esta disputa, Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno de Quintana Roo, ha dicho a la prensa que existen razones fundadas para retirar a Aguakan del servicio de agua.
Como argumentos principales, la funcionaria menciona “varias imprecisiones” en la ampliación del título de concesión, el incumplimiento de las normas vigentes para la contratación de proveedores de gobierno, falta de rendición de cuentas sobre las inversiones hechas en infraestructura en los municipios, fallas en el servicio, así como una consulta popular que exige el retiro de la empresa.
En este sentido, la funcionaria ha dicho que el gobierno estatal y los legisladores locales insistirán en sus recursos de queja ante el Poder Judicial para hacer valer el decreto de diciembre pasado y revertir las medidas de suspensión de efectos que se han otorgado a favor de Aguakan.
GC
