La privatización y liberalización del sector de telecomunicaciones en la década de los 90 dejó en el olvido la competencia y la satisfacción de los consumidores, lo cual no solo incidió negativamente en el factor tradicional de precios elevados, sino que repercutió en aspectos fundamentales, como innovación, inversión, competitividad, calidad del servicio, mejores prácticas, etc. Por muchos años, el ecosistema de telecomunicaciones favoreció a una empresa que depredó a sus incipientes competidores y al consumidor. Según un estudio de la OCDE, el 80% de la telefonía fija y el 70% de la móvil estaban concentradas en la misma corporación. Esta historia comenzó a cambiar muy gradualmente y se aceleró a partir de la introducción de la NOM 184 y posteriormente de la Reforma de Telecomunicaciones. La primera se desarrolló en 2012 y puso en el centro del debate los derechos de los consumidores, los cuales enfrentaban múltiples abusos en el ámbito contractual, informativo y de reparación de daños. El segundo fue el resultado de una profunda reforma estructural en 2013, que apuntaló las condiciones de competencia. ¿Cómo podemos valorar el impacto de la reforma? De acuerdo con datos de la SCT, se han eliminado cobros de las tarifas de larga distancia nacional (enero de 2015), con un ahorro de 20 mil millones de pesos a las familias mexicanas; de junio de 2013 a diciembre de 2016, los precios de servicios de telefonía móvil disminuyeron en 43%. Más aún, según la Profeco, el conjunto de los precios de las telecomunicaciones ha disminuido en más del 20%. Adicionalmente, el consumidor es más libre, gracias al avance de la portabilidad, lo que nos permite cambiar con mayor flexibilidad de compañías. Finalmente, la IED en este sector ha avanzado del 1.5% en 2013 al 9.6% en 2015. Como se puede observar, en términos macro, la reforma tiene un saldo muy positivo. Por otro lado, ¿cómo podemos valorar los avances en la relación bilateral entre los consumidores y las empresas proveedoras del servicio? La NOM 184 tuvo su origen en un estudio elaborado por la Profeco, en el que se resaltó que el sector de telecomunicaciones era el que mayor número de quejas representaba y la razón principal de éstas tenía su origen en el contrato de adhesión que presentaban los proveedores a los consumidores (recuerde lector que en esa época no necesitaban ser revisados ni registrados ante la Profeco). Lo anterior se reflejaba en la existencia de cláusulas inequitativas, desproporcionadas y abusivas que perjudicaban a los consumidores. Por ejemplo, se identificaron contratos que permitían al proveedor modificar de manera unilateral los términos y condiciones del contrato sin permitir la salida del mismo por parte del consumidor, lo cual era absolutamente inequitativo y contrario a los principios de equidad contractual. De esta manera, con la NOM 184 se ampliaron las obligaciones de las empresas para brindar información estandarizada sobre las características del servicio, tarifas y seguridad ofrecidas en el mercado; así como proteger a los consumidores contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como prevenir prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de servicios de telecomunicaciones por parte de los proveedores. A partir de la publicación de la NOM 184, la Profeco podía revisar el clausulado de las propuestas de contratos de adhesión que presentaban las empresas, antes de que estos fueran presentados al público, y así evitar la inclusión de contenidos inequitativos. Así, hoy Profeco cuenta con un total de 291 contratos de adhesión registrados de este sector, mismos que pueden consultarse públicamente, con lo que se contribuye a la transparencia del sector. Asimismo, la Profeco ha hecho un estimado de lo que representa leer un contrato de cualquiera de estos servicios, y las empresas punteras son AT&T y Movistar, con quienes toma poco más de una hora la lectura total. Lo anterior contrasta con contratos cuya lectura completa tomaría más de 5 horas. Esta longitud evidencia poca innovación contractual de las empresas rezagadas, y refleja su poca capacidad o interés en simplificar sus relaciones con los usuarios. Sin duda existe un gran campo de maniobra para avanzar en contratos más ágiles y sencillos a favor de los consumidores, así como un identificar la competencia que existe en cláusulas sobre servicios, condiciones, garantías, y muchos otros aspectos que son de gran interés en la vida diaria. Esto quiere decir que hay un eje de gran importancia para avanzar en una mejor competencia que trasciende una imposición regulatoria: las condiciones contractuales. En este contexto, las nuevas condiciones del mercado de telecomunicaciones no son definidas caprichosamente por una empresa dominante, sino que observamos cómo las medidas regulatorias emprendidas comienzan a sentar las bases de un ecosistema que genera mayor bienestar a los consumidores, mediante más competencia y mayor énfasis en la equidad e innovación contractual, tutelados respectivamente por el IFT y Profeco. Estos avances requieren ser analizados de manera dinámica, y propiciar que los beneficios regulatorios encuentren estabilidad y apostar así al largo plazo con certidumbre. De esta manera, se podrá avanzar en una nueva cultura corporativa en la que las empresas tengan incentivos para crecer en torno a los dos pilares mencionados, con lo que se replanteará el propósito de esta industria, se dejará atrás esa visión voraz y depredadora, y se podrá contagiar positivamente a muchos otros sectores industriales o profesionales. Bernardo Altamirano Rodríguez @beraltamirano