Se atribuye a Otto von Bismarck la frase: “la gente no dormiría tranquila si supiera cómo se hacen las salchichas y las leyes”. Esta sabia frase omite el otro lado de la moneda, a la que yo agregaría: “la gente no quisiera ni siquiera salir a la calle si supiera cómo se aplican esas leyes”. En efecto, la ley y demás regulaciones que emiten las instancias gubernamentales no son reglas de causalidad o leyes naturales que suponen que ante el hecho de que se determinen ciertas relaciones jurídicas o responsabilidades a cargo de las empresas, éstas se cumplirán de manera automática y congruente. Todo lo contrario, las normas jurídicas cada vez se alejan más de su función de generar certidumbre, pues su aplicación, interpretación y costos generan altos riesgos e inestabilidad en las empresas. En efecto, un negocio enfrenta un complejo entramado de regulaciones de diferente naturaleza, como comerciales, industriales, protección de privacidad, ambientales, profesionales, urbanas, sanitarias, y un largo etcétera. En muchos casos, un empresario debe convertirse en un experto legal y tramitológico, que sepa interpretar y aplicar todas estas reglas al interior de su negocio. No solo está invirtiendo mal su tiempo, sino que aumenta la probabilidad de que incurra en riesgos legales. También, es importante admitir, que en un país como el nuestro, en donde estamos sobrerregulados, aumenta el riesgo de que las empresas incurran de manera activa o pasiva en actos de corrupción. En este tenor, los niveles de administración de riesgos legales varían según el tamaño, tipo y giro de empresas. Desde las globales, que están sometidas a diferentes culturas legales en torno a las cuales deben instrumentar sus operaciones, hasta las medianas y pequeñas, que tienen menos recursos para invertir en una estrategia adecuada que les permita reducir dichos riesgos, mediante acciones que fortalezcan su visión, propósito y reputación. Múltiples estudios muestran cómo en materia de incertidumbre de las empresas, los riesgos legales son el segundo riesgo más alto, solo por debajo de los riesgos políticos. A pesar de ser una de las principales vulnerabilidades en las empresas, estos riesgos son poco conocidos y entendidos por áreas diferentes a las legales. Lo anterior puede encontrar su explicación en que muchos de los dueños y administradores de empresas se especializan en finanzas, mercadotecnia, operaciones o ingenierías, por lo que su conocimiento sobre administración de riesgos, en general, y de los legales, en particular, es menor. En este sentido, resulta indispensable que las empresas reconozcan esta situación y avancen en prevenir y atender estos riesgos. En las escuelas de derecho nos enseñan que las leyes son la fórmula que da claridad y certidumbre en las relaciones civiles, sociales y económicas. Sin embargo, en la vida real no parece tan evidente. Las empresas enfrentan múltiples requerimientos legales internacionales, nacionales y locales, en un entorno de inestabilidad legal. Muchos de los anteriores son poco claros y con diferentes interpretaciones o aplicaciones. Incluso las leyes, a pesar de tener una exigencia de publicidad, son frecuentemente desconocidas en sus consecuencias y aplicación. Más aún, éstas dependen de diferentes interpretaciones. Así, en todas partes del mundo, las empresas consideran que las leyes son una constante amenaza y un factor que les genera riesgos. Por las razones anteriores, una de las principales tendencias actuales en el mundo empresarial es el desarrollo de programas de cumplimiento legal o regulatorio. Estos programas son virtuosos para el crecimiento de una empresa, pues se vinculan con el propósito de ésta, en el sentido de que manifiesta de manera expresa y convencida que cumple con las leyes en la materia y sus empleados la internalizan en su cultura corporativa, pues están convencidos que su objetivo es fomentar mayor competencia y eficiencia en los mercados, así como prevenir y combatir abusos y daños a la integridad física de los consumidores. También representan un alto valor práctico, pues están orientados a reducir los riesgos que se puedan derivar de eventuales incumplimientos regulatorios. Un programa de cumplimiento regulatorio se manifiesta en políticas, directrices y procedimientos que las empresas adoptan para cumplir con sus responsabilidades regulatorias. Así, la forma en que las empresas atienden sus asuntos legales es una competencia distintiva de éstas frente a sus competidores, lo cual incide favorablemente en la construcción de su reputación. En las próximas entregas profundizaremos en este espacio sobre los beneficios, metodologías y recomendaciones sobre cómo diseñar y aplicar un programa de cumplimiento para tu empresa, así sobre cómo comunicarlo para que los consumidores y clientes le den mayor valor. Bernardo Altamirano Rodríguez @beraltamirano