Al menos 27 organizaciones civiles de vecinos pidieron a la Asamblea Legislativa (ALDF) frenar la Ley de Reconstrucción que presentó el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera Espinosa, como respuesta al sismo del 19 de septiembre, afirman que sólo benefician a las constructoras e inmobiliarias y avalan irregularidades.
“Exigimos a la ALDF desechar la iniciativa del Jefe de Gobierno e iniciar de inmediato un plan de reconstrucción de la mano de la ciudadanía, los damnificados y especialistas independientes, con base en el Atlas de Riesgo, respetando los programas delegacionales de desarrollo urbano vigentes, bajo el enfoque del Derecho a la Ciudad, con los recursos públicos y de donaciones concentrados en un fideicomiso público auditable, vigilado en su aplicación por una comisión ciudadana propuesta por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s) independientes” acusan en un boletín.
Según un análisis realizado por abogados, urbanistas y otros integrantes del movimiento Vecinos Unidos, afirman que se permite el principio de “buena fe” para incumplir la ley ya que no habrá revisión documental en distintos procedimientos, incluso para la demolición de inmuebles, lo que puede derivar en abusos.
“Permitiría al sector inmobiliario apropiarse de predios de alta plusvalía, lo cual representa un mecanismo de despojo a quienes los habitaban, y con las facilidades en trámites expuestas arriba, puede preverse que el capital inmobiliario inicie en lo inmediato una puja por adquirir edificios presuntamente afectados por el sismo.”, acusa el comunicado.
Además, permitirá construir hasta 35% más pisos, superficie o viviendas, incluso sobre inmuebles que tenían obras irregulares, también sobre aquellas que sólo necesiten “ser reforzadas, es decir, se podrán agregar más pisos a edificios dañados”, expone el comunicado. El programa de reconstrucción permitiría evadir los programas delegacionales de desarrollo urbano, cuyo incumplimiento derivó en el derrumbe de edificios y pérdida de vidas tras el sismo, destacan.
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De igual forma, se darán facilidades administrativas para acceder a fondos y predios públicos, para nuevos proyectos inmobiliarios, crea un fideicomiso poco transparente el cual se afirma será para la reconstrucción, sin claridad para la participación ciudadana.