“En esta ocasión, vemos un dolo terrible, (la obra) está clausurada desde septiembre, no se presenta nadie cuando se les da el derecho de audiencia, y lo que hacen es seguir la construcción ilegal hacia dentro. Hacia la calle parecía que no pasaba nada. Esto no lo podemos permitir; nadie puede tomar la ley en sus manos”, señaló Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la CDMX.Recordó que es necesario reconstruir la confianza entre empresarios y sociedad, por lo que reiteró el llamado para que los constructores contribuyan a la seguridad ciudadana y demuelan voluntariamente en los casos de obras que excedan niveles. A la fecha, se acumulan tres casos en los que las empresas decidieron demoler por sí mismas, dos en la delegación Miguel Hidalgo y uno más en Cuauhtémoc. Esto se suma a las acciones emprendidas el 2 de junio en la delegación Coyoacán y el 22 del mismo mes en Azcapotzalco –la primera en la historia de la ciudad amparada por una denuncia penal–, se tienen focalizados casos en Azcapotzalco, Coyoacán, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan. En los trabajos de hoy, participaron también el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez; el subsecretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto; el consejero presidente del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Meyer Klip Gervitz, y el director general de Contralorías Internas en Delegaciones, Pedro Cruz Ortiz, de la Contraloría General de la CDMX, así como los subprocuradores de Ordenamiento Territorial, Emigdio Roa Márquez, y Jurídico, Marco Antonio Esquivel López, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). Durante esta intervención, 26 personas, además del ingeniero responsable de obra, fueron presentadas como presuntos responsables por la violación a los sellos de clausura que permanecían en la obra. En su oportunidad, el consejero presidente del INVEA explicó que el constructor logró abrir una puerta en una construcción contigua para poder continuar con las labores.
“Los sellos de clausura estaban por la parte de afuera, pero seguían trabajando, razón por la cual se inician los trabajos de demolición”. Recordó que el costo de esta tendrá que ser pagado por los dueños del inmueble, además de una multa de aproximadamente 110 mil pesos.A su vez, el titular de la SEDUVI, Felipe de Jesús Gutiérrez, señaló que la construcción no se apega al uso de suelo de la zona, el cual corresponde a habitacional con comercio en planta baja, con lo que resulta claro que el constructor ejecutó una solución constructiva fuera de norma. Aunado a los procesos de demolición, esta semana el gobierno capitalino estableció un compromiso con desarrolladores inmobiliarios por lo que se firmó el Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda, entre la CANADEVI y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), del cual fungió como testigo de honor el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Se trata de un documento con compromisos para el cumplimiento de la ley, que contempla principios del diálogo, lineamientos para una comunidad armónica y cuidado del medio ambiente, entre otros puntos.
“El Gobierno de la CDMX refrenda que la demolición de obras ocurrirá únicamente en los casos que estén fuera de la normatividad, pues el objetivo es la seguridad ciudadana”.
