Se requiere con urgencia una reforma fiscal que permita revisar a dónde y cómo ingresarán los recursos al país, y de qué manera deberán ser gastados.

El presupuesto está conformado por dos grandes rubros:

El primero, la Ley de Ingresos, cuyos montos dependen de lo recaudado en el sector petrolero y no petrolero, estimando alcanzar alrededor de 8.71 billones de pesos. De este total, el sector petrolero representa el 14%, lo que confirma la dependencia de México en seguir utilizando combustibles fósiles como garante de la economía.

El segundo rubro corresponde al Presupuesto de Egresos, el cual depende del gasto programado y no programado. Para 2026, la nación requiere 10.11 billones de pesos para operar. El gasto programado se destina al gobierno, desarrollo social y económico. De este, la parte social representa el 70%, donde se incluyen programas sociales que podrían alcanzar 1 billón de pesos (10% del total del presupuesto de egresos). En cuanto al gasto no programado, el 51% se empleará en el costo financiero de la deuda del país (1.60 billones de pesos), cifra que podría aumentar en los próximos años debido al crecimiento de la deuda.

Así, para 2026 se prevé un egreso de 10.11 billones y un ingreso de 8.71 billones, generando un déficit presupuestal de casi 1.40 billones de pesos. Por lo regular, este déficit debe cubrirse con deuda.

Se pretende fijar un techo de endeudamiento interno neto del Gobierno Federal de 1 billón 780 mil millones de pesos, y un techo de endeudamiento externo neto, que incluya al Gobierno Federal y a la banca de desarrollo, de 15 mil 500 millones de dólares. El objetivo es que la deuda se ubique en 52.30% del PIB (20.25 billones de pesos).

Es posible mantener un porcentaje de deuda respecto al PIB controlado, pero esta seguirá aumentando debido a que la productividad del país, según la tendencia mostrada por la SHCP, crece a un ritmo menor. De acuerdo con sus datos, la deuda neta podría alcanzar entre 26 y 28 billones de pesos en 2030.

Al tener claro el balance presupuestal, lo relevante es precisar en dónde y cómo se gastará el dinero recaudado, particularmente cuánto se destina a lo social y cuánto a lo económico.

Del gasto programado para 2026, 4.91 billones se destinarán al rubro social: 20% a salud, 23% a educación y 48% a protección social (1 billón de pesos para programas sociales y el resto a pensiones y jubilaciones).

En el desarrollo económico se contempla un gasto de 1.70 billones de pesos, de los cuales 75% irá al sector energético, incluyendo a PEMEX, CFE y dependencias del ramo. La Secretaría de Energía transferirá a PEMEX unos 263.5 mil millones de pesos para pagar amortizaciones de deuda y créditos contratados en años anteriores.

De acuerdo con una proyección al 2030, el gasto podría alcanzar entre 13 y 14 billones de pesos, con un déficit de 1.4 a 1.8 billones. Esto presionará al país a recaudar más ingresos. De no aprobarse una reforma fiscal en el corto plazo, se ampliará la deuda pública, principalmente por el aumento progresivo del gasto social en programas, pensiones y jubilaciones.

Para incrementar los ingresos, sería clave atraer nuevas inversiones extranjeras directas, ya que varias empresas establecidas han comenzado a retirar utilidades hacia otros mercados. Cambios arancelarios, como los de China, podrían provocar la salida de empresas o restar competitividad ante cuotas que van del 10% al 50%.

En 2026, el sector primario (pesca, agricultura y caza) recibirá solo 4% del gasto en desarrollo económico; el turismo, 0.1%, y el transporte, 12%.

Del total de 987 mil millones destinados a programas sociales, apenas 10% se utiliza en proyectos que inciden en el PIB y generan desarrollo económico local. El resto no tiene un retorno directo a la economía, salvo que existiera un seguimiento puntual de su impacto real en la vida de los beneficiarios.

Un país sin energía no tendrá crecimiento en las próximas décadas. El presupuesto 2026 contempla para PEMEX y CFE un total de 1.07 billones de pesos, 34 mil millones más que en 2025. Sin embargo, la CFE presenta una reducción de 15 mil millones en su gasto programado.

El presupuesto de PEMEX carece de transparencia, ya que al pasar a ser empresa estatal se decidió dejar de clasificar el gasto por negocio, presentando solo cifras consolidadas. Esto no ocurría desde el año 2000.

De acuerdo con su plan 2025-2035, para 2030 PEMEX debería contar con un presupuesto programado cercano a 800 mil millones de pesos, de los cuales 380 mil millones serían para proyectos de inversión, un incremento del 55% respecto a 2026. La empresa necesita más de 1,000 pozos productores de crudo adicionales entre 2026 y 2030 para alcanzar 1.8 millones de barriles diarios. De no lograrse, se comprometería la operación de las siete refinerías (que deberían funcionar al 74%) y se pondría en riesgo la plataforma de exportación estimada en 450 mil barriles diarios para esa fecha.

El país requiere mayores ingresos para sostener su gasto, especialmente en protección social. Surge el dilema: esos recursos podrían provenir de un incremento anualizado del IEPS en productos y combustibles de consumo cotidiano. Pero si los consumidores carecen de poder adquisitivo suficiente, ¿cómo reducir el déficit si no hay movilidad del dinero en la economía?

El objetivo del presupuesto debe ser ayudar a la sociedad a crecer como individuos dentro de la comunidad, no generar dependencia de dádivas para cubrir necesidades básicas.

La cobija del presupuesto no alcanza para cubrir toda la cama de la nación; algunas partes quedarán descobijadas y sin protección en el mediano plazo.

Suerte para el 2030.

Por Ramsés Pech – Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos