Los riesgos de la inversión pública en energía

Primero hay que entender los riesgos que implica la inversión pública en el sector energético, y tener en cuenta que las empresas del Estado mexicano dependen en un 95% de la subcontratación de entidades físicas o morales para sus actividades operativas, de mantenimiento y actualizaciones técnicas, mediante licitaciones públicas, invitaciones restringidas o asignaciones directas, con el fin de cubrir la demanda de los diferentes mercados.

A todo esto, debemos entender y comprender que, en cualquier inversión en el sector energético, uno de los principales riesgos de invertir dinero público es la posibilidad de incurrir en sobrecostos o desviaciones presupuestales. Los proyectos pueden requerir inversiones adicionales debido a factores imprevistos, como cambios en el precio de los materiales, fluctuaciones en la tasa de cambio, retrasos en la construcción, problemas logísticos o ambientales. Cuando los costos superan las proyecciones iniciales, se corre el riesgo de comprometer recursos destinados a otros sectores sociales prioritarios, afectando la calidad de vida y los servicios básicos para la población.

Además, los proyectos energéticos suelen ser de gran escala y largo plazo, lo que aumenta la incertidumbre en torno al retorno de la inversión. Un mal cálculo financiero puede dejar a la entidad pública con activos subutilizados, devaluados o incluso inviables.

La inversión de recursos públicos en energía está sujeta a presiones políticas y a cambios en las prioridades gubernamentales. Es común que los proyectos sean utilizados como instrumentos de imagen o propaganda, estableciendo metas poco realistas o acelerando procesos sin la debida planeación técnica. Los cambios en la administración pública pueden detener, modificar o incluso cancelar proyectos, generando pérdidas económicas y desconfianza en las entidades financieras y calificadoras.

Asimismo, existe el riesgo de corrupción, conflictos de interés y manejo poco transparente de los recursos en proyectos carentes de una planeación adecuada, incurriendo en la falta de mecanismos sólidos de rendición de cuentas y supervisión independiente. Los proyectos pueden convertirse en focos de irregularidades y desvío de fondos, lo cual genera daños patrimoniales no recuperables, cuya atención depende de una buena gestión del órgano de fiscalización sobre el uso de los recursos. Esto es responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación.

Dependiendo del mecanismo utilizado para acceder a tecnología y aplicarla al sector energético, debe considerarse la constante evolución tecnológica. Las tecnologías emergentes actuales pueden volver obsoletas las inversiones vigentes en apenas unos años. Apostar recursos públicos a una tecnología específica implica el riesgo de que esta pierda competitividad, lo que puede traducirse en activos varados (stranded assets) y pérdidas económicas. Por tal motivo, debe haber una continua renovación en la forma en que se utiliza la tecnología.

Un fallo tecnológico puede retrasar la operación, elevar los costos o reducir los beneficios esperados. Por lo tanto, las regulaciones y leyes deben adaptarse de forma continua, basadas en criterios técnicos y no políticos, bajo órganos reguladores capaces de comprender y aplicar los cambios geopolíticos y del mercado interno, con base en la demanda y el consumo a mediano y largo plazo.

El sector energético depende del mercado de consumo, que puede ir desde el comercial e industrial hasta el doméstico. Cada uno de ellos tiene características particulares y presenta cambios constantes. Hoy, ningún país tiene soberanía energética. Algunos han logrado reducir su dependencia de otras naciones para obtener la energía necesaria para sus mercados; por lo tanto, todas las naciones están sujetas a la dinámica de los mercados internacionales, la volatilidad de los precios de los combustibles, los cambios en la demanda y la aparición de competidores privados o internacionales. Una caída en el precio de la energía puede reducir los ingresos esperados y hacer inviables ciertos proyectos públicos. La apertura a la competencia, las reformas regulatorias o la entrada de nuevas tecnologías pueden desplazar modelos de negocio tradicionales, poniendo en entredicho la viabilidad financiera de la inversión pública en proyectos no aptos para el futuro.

El uso de recursos públicos implica una responsabilidad ética y social. Una mala gestión, accidentes, impactos ambientales o escándalos de corrupción pueden dañar irreversiblemente la imagen de la entidad responsable y de los tomadores de decisiones, disminuyendo la confianza pública y dificultando futuras inversiones, ante la incertidumbre del mundo financiero al ser parte de un mercado en un país.

De acuerdo con análisis realizados en diferentes países donde gran parte del dinero invertido es público, y con base en lo anteriormente descrito, se resumen los siguientes riesgos que pueden afectar al sector energético, algunos de los cuales pueden aplicarse también a México:

• Desviación presupuestal: Los costos reales pueden exceder ampliamente las estimaciones iniciales debido a errores de planeación, inflación o cambios en la tecnología.
• Endeudamiento público: Grandes proyectos pueden requerir financiamiento externo que incremente la deuda pública, afectando a otros sectores prioritarios como salud o educación.
• Riesgo de activos varados: Cambios tecnológicos o de mercado pueden hacer obsoletas infraestructuras antes de que terminen su vida útil, dejando inversiones millonarias sin recuperar.
• Fuga de recursos: El mal manejo de fondos puede dar lugar a corrupción, favoritismo o ineficiencia en la asignación y ejecución de los recursos.
• ¿Qué hacer para disminuir los riesgos?
• Realizar estudios de factibilidad técnica, financiera, social y ambiental antes de aprobar cualquier inversión relevante.
• Garantizar procesos de licitación y contratación transparentes, con mecanismos sólidos de supervisión y auditoría autónoma.
• Diversificar las fuentes de energía y evitar la dependencia de una sola tecnología o proveedor.
• Establecer sistemas de monitoreo y evaluación continuos para identificar tempranamente desviaciones y corregir el rumbo. Auditorías en periodos más cortos.
• Capacitar al personal público en gestión de proyectos, análisis de riesgos y mejores prácticas internacionales, acopladas a la geopolítica energética.
• Fortalecer los marcos regulatorios y de gobernanza para garantizar la rendición de cuentas y la integridad institucional al determinar si el gasto fue el correcto.

En México, actualmente, la inversión en el sector energético solo representa el 2% del total realizado a nivel mundial, y dentro del T-MEC, el 12%. La inversión extranjera directa en el sector energético representa apenas el 3% del total que entra al país.

Una gestión responsable, transparente y basada en evidencia es fundamental para asegurar que las inversiones públicas contribuyan efectivamente al bienestar colectivo, sin comprometer la estabilidad financiera ni el desarrollo futuro de la nación en un mundo cambiante.

Por Ramsés Pech – Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos