La economía de Estados Unidos depende de manera significativa del sector transporte, lo cual se refleja tanto en su aporte directo al Producto Interno Bruto (PIB), que oscila entre 6% y 7%, como en la eficiencia de sus cadenas de suministro globales. Además, los costos logísticos totales, incluidos inventarios y gestión, pueden representar entre 8% y 10% de la economía nacional. En este contexto, Estados Unidos considera estratégico fortalecer su relación comercial con Venezuela como socio, con el objetivo de acceder a petróleo barato y mantener el control del precio del barril a nivel mundial.

En la actualidad, la demanda mundial de petróleo crudo oscila entre 100 y 105 millones de barriles diarios. De este volumen, aproximadamente entre 80% y 85% se destina al proceso de refinación en las 825 refinerías que se encuentran operativas a enero.

Las refinerías a nivel global generan diariamente entre 35 y 40 millones de barriles de gasolina, de los cuales aproximadamente entre 20% y 25% corresponde al consumo en Estados Unidos. En cuanto al diésel, la producción mundial se sitúa entre 25 y 30 millones de barriles diarios, siendo Estados Unidos responsable de alrededor de 15% a 20% de dicho consumo.

Ante este contexto, Estados Unidos ha implementado medidas para mantener controlados los precios de la gasolina y el diésel, contribuyendo así a una inflación moderada. Como se evidenció en diciembre, la presión sobre los precios al consumidor disminuyó de manera significativa en el sector energético, registrándose un aumento de precios más lento (2.3% frente a 4.2%), influido por una reducción en el precio de la gasolina (-3.4% frente a +0.9%) y una moderación en la inflación del diésel (7.4% frente a 11.3%). Será relevante esperar los datos correspondientes a enero para analizar el impacto que tendrá el control de la producción en Venezuela, país con las mayores reservas probadas de extracción.

Estados Unidos es autosuficiente en combustibles para el transporte y la movilidad de las personas mediante el uso de automóviles; sin embargo, depende de la importación de petróleo crudo de otros países para realizar las mezclas necesarias que permitan obtener una mayor cantidad equilibrada de los combustibles requeridos.

Las refinerías de Estados Unidos, que representan aproximadamente 70% de la capacidad nacional de refinación, están diseñadas para procesar crudos pesados y amargos, caracterizados por bajos grados API y alto contenido de azufre. Por esta razón, procesan principalmente mezclas de crudos que oscilan entre 30 y 33 grados API. Para lograr este rango de manera eficiente, se combinan crudos ligeros nacionales (API > 35) con crudos pesados importados (API < 27), obteniendo así una mezcla óptima. Adaptar las refinerías para operar exclusivamente con crudo ligero nacional requeriría inversiones multimillonarias, lo cual no resulta económicamente viable en el contexto actual de transición energética, especialmente bajo la premisa de energía ilimitada derivada de la fusión nuclear.

Estados Unidos importa aproximadamente 6.5 millones de barriles diarios de petróleo crudo. A pesar de ser un productor relevante, las importaciones siguen siendo necesarias debido a que el consumo nacional oscila entre 18 y 20 millones de barriles diarios, una demanda que se proyecta estable en los próximos años. El crudo pesado y amargo (Heavy & Sour) representa cerca de 90% del volumen total de las importaciones.

Estados Unidos importa petróleo crudo principalmente de Canadá (60%), seguido de México (7%), Arabia Saudita (6%), Irak (5%), Brasil (4%), Colombia (3%), Guyana (2%) y otros países que en conjunto representan 7% (incluidos Venezuela, Ecuador, Nigeria y Argentina). Ante los recientes cambios geopolíticos, Estados Unidos ha priorizado la búsqueda de socios comerciales dentro del continente americano para reducir riesgos logísticos y disminuir costos de transporte. Esta estrategia también le permite acceder a precios más competitivos y asegurar la calidad requerida para las mezclas utilizadas en sus refinerías.

Considerando únicamente los países del continente americano de los que Estados Unidos importa petróleo crudo, es posible realizar una evaluación detallada de los cambios necesarios ante la situación actual de Venezuela. Si se negocia un incremento anualizado de la producción venezolana de entre 15% y 20%, sería factible recuperar los niveles previos a 2007 en un plazo estimado de una década, siempre que se implementen las modificaciones pendientes. Durante este periodo, más de 80% de la producción podría enviarse a Estados Unidos o a otros países aliados con capacidad para refinar el crudo venezolano.

Para evitar presiones arancelarias y mantener su estatus como principal exportador de petróleo, Canadá requiere desarrollar infraestructura soberana orientada hacia el mar que le permita acceder a mercados internacionales sin depender de Estados Unidos. A diferencia de Venezuela, que cuenta con acceso directo a rutas marítimas globales, Canadá ha dependido históricamente de oleoductos que canalizan 93% de su petróleo crudo hacia su vecino del sur. Adicionalmente, destina 3% de sus exportaciones a China, 2% a la Unión Europea, 1% al Reino Unido y 1% a Corea del Sur. Esta situación podría colocar a Canadá en una posición desfavorable frente a un incremento de la producción venezolana, ya que Estados Unidos podría exigir mayores descuentos en la compra de petróleo canadiense ante la ausencia de puertos independientes para exportar a otros destinos. Este escenario podría derivar en una disputa comercial, intensificada por aranceles y posibles renegociaciones en el marco del TMEC.

México ha mantenido una estricta regulación estatal a través de Pemex, mientras que Venezuela tiene previsto implementar en enero de 2026 una reforma significativa que permitirá la operación y propiedad de campos petroleros por parte de empresas extranjeras.

La reforma representa una ruptura con el legado de control estatal, al permitir que tanto empresas extranjeras como locales gestionen campos petroleros de manera autónoma, comercialicen su producción y retengan los ingresos generados por las ventas, actividades anteriormente reservadas a PDVSA. Esta legislación refuerza la soberanía energética de Venezuela al priorizar la captación de recursos necesarios para reactivar la producción, considerando que aproximadamente 50% de los ingresos fiscales ordinarios provienen directamente del sector petrolero. El gobierno venezolano proyecta para 2026 un incremento de 37% en los ingresos totales, asociado a la reactivación de las ventas de crudo tras nuevos acuerdos alcanzados con la administración estadounidense, los cuales ya han generado ingresos inmediatos por 300 millones de dólares en enero de 2026.

México enfrenta el potencial desplazamiento por parte de Venezuela como aliado estratégico de Estados Unidos en la venta de petróleo crudo. Sin embargo, al mantener una alta dependencia de importaciones provenientes de su socio comercial en productos como GLP, gas natural, gasolina, diésel, MTBE, etano y otros derivados, la balanza comercial de este sector ha permanecido negativa durante varias décadas.

La falta de una estrategia definida que permita a Pemex y al país compensar la disminución de ingresos por la exportación de petróleo crudo, así como la necesidad de reducir la incertidumbre en torno a los actuales modelos de contratación entre SENER y Pemex, y los mecanismos de pago a proveedores, contribuyen a generar un entorno incierto para la industria mexicana.

En este contexto, México debería evaluar una apertura integral a la inversión extranjera, que actualmente representa menos de 3% del total, frente a 20% registrado en 2018. En el corto plazo, se recomienda permitir que empresas extranjeras o nacionales con experiencia operen no sólo como contratistas, sino también como operadoras con plena autonomía de gestión, mediante la modernización de los contratos establecidos desde 2015. Asimismo, resulta imprescindible modificar el modelo de negocio de Pemex, que presenta una capacidad productiva limitada y altos costos de refinación frente al nuevo esquema venezolano, con el objetivo de orientar sus operaciones hacia la comercialización de petrolíferos en el mercado interno, considerando que más de 40% de sus ingresos proviene de este segmento.

México debe asegurar una alineación y adaptación estratégica ágil con Estados Unidos en el mercado internacional de petróleo crudo, priorizando la reducción de descuentos para lograr precios más competitivos por barril. Actualmente, el crudo Maya se comercializa con un descuento de 8.85 dólares por barril respecto al precio de referencia. Bajo la supervisión de Washington, el crudo venezolano se ha colocado en el mercado con un descuento de 15 dólares frente al marcador internacional Brent, lo que representa un incremento de 30% en los ingresos y permite que China continúe adquiriendo el producto, siempre bajo los descuentos establecidos por Estados Unidos y evitando los anteriores, que superaban los 30 dólares. México enfrenta así el reto de definir qué hará para evitar el abaratamiento de su petróleo.

Por Ramsés Pech – Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos