México cuenta con la capacidad necesaria para seguir regulando los precios de mercado del gas licuado de petróleo (GLP), debido a que las empresas enfrentan limitaciones o desinterés para invertir en la mejora logística, ante la inexistencia de un mercado que favorezca la generación de inversiones.

En el país, el consumo diario de GLP oscila entre 39 y 42 millones de litros. Del total consumido, el 70% se importa y solo el 30% es producido por Petróleos Mexicanos (Pemex). De las importaciones, alrededor del 65% llega por vía marítima, el 25% por transporte terrestre y el 10% mediante ductos.

Actualmente existen cuatro ductos para transportar este petrolífero, con una capacidad conjunta de 52 millones de litros. Dos de ellos son privados. El más importante es el Sistema Nacional de GLP, propiedad de Pemex, con una capacidad de 38 millones de litros.

En cuanto al almacenamiento, existen 34 permisos vigentes otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, distribuidos en 16 estados del país. La capacidad total asciende a 960 millones de litros, equivalente a entre 20 y 22 días de abastecimiento con base en la demanda actual. Adicionalmente, están en construcción instalaciones que añadirán 101 millones de litros, lo que permitirá contar con más de 25 días de inventario.

La principal vía para que el GLP llegue al consumidor final son las plantas de distribución. Estas instalaciones —diseñadas para recibir, almacenar y despachar el combustible— pueden ser de tipo fijo y se encargan de transferir el producto desde grandes depósitos a recipientes de menor capacidad, como cilindros portátiles, autotanques o tanques domésticos. Actualmente existen aproximadamente 1,116 permisos de distribución en todos los estados de la República, siendo el Estado de México la entidad con mayor número de autorizaciones.

A partir de estas plantas surge la principal problemática del mercado: el 80% del consumo de GLP depende de una logística eficiente para llevar el producto al usuario final. En este contexto operan los comercializadores, bodegas de expendio y autotanques, que apoyan a las plantas de distribución para abastecer zonas de difícil acceso o de baja rentabilidad logística.

El sector doméstico representa el 80% del consumo total. En este segmento, la logística de entrega presenta los mayores desafíos debido a su complejidad y costos variables, determinados por factores como la ubicación y la distancia entre la planta de distribución y el cliente.

De acuerdo con datos del Inegi y proyecciones de 2018 y 2020, actualmente existen cerca de 39 millones de hogares en el país, de los cuales 33 millones utilizan gas LP. Asimismo, 35 millones cuentan con estufa, mientras que 4 millones carecen de este electrodoméstico.

Hoy es necesario determinar si existe realmente un desabasto o si el inconveniente radica en la logística. Resolver esta duda es fundamental, ya que, pese a contar con suficiente capacidad de almacenamiento, pudo registrarse una disminución en los inventarios debido a la suspensión del ducto del Sistema Nacional de GLP y del ducto Altiplano como consecuencia de las inundaciones en Poza Rica. Este último se origina en el Centro Procesador de Gas de Poza Rica, Veracruz, y está interconectado con el primer sistema. Esta situación podría haber generado un desabasto temporal, pues la imposibilidad de enviar producto a almacenamiento —ante un consumo diario elevado— probablemente llevó a suspender temporalmente el envío de GLP para evitar complicaciones logísticas y de inventario.

Desde la perspectiva operativa, y considerando la seguridad e integridad del sistema, esta decisión fue adecuada.

La logística del GLP en México enfrenta desafíos significativos que requieren inversiones estratégicas en infraestructura, fortalecimiento de la competencia, implementación de controles de seguridad más estrictos y una regulación eficiente. Superar estos retos es indispensable para garantizar un suministro seguro y eficiente de este combustible vital para millones de personas. Entre los principales problemas logísticos destacan:

Infraestructura insuficiente y obsoleta. Una parte importante de las plantas de almacenamiento y distribución presenta antigüedad considerable y carece de mantenimiento o modernización. Esto limita la capacidad para atender la creciente demanda y genera cuellos de botella en el suministro.

Dependencia de la importación. La producción nacional no cubre la demanda, lo que genera una alta dependencia de importaciones —principalmente de Estados Unidos—. Cualquier alteración en la cadena internacional puede afectar la disponibilidad del producto.

Distribución geográfica desigual. El acceso al GLP varía entre regiones; las zonas alejadas de los centros de acopio enfrentan mayores retos logísticos, reflejados en precios más altos o episodios de desabasto.

Falta de competencia y concentración del mercado. El sector está altamente concentrado en pocas empresas, lo que limita la competencia y aumenta el riesgo de prácticas anticompetitivas.

Inseguridad y robo de combustible. El “huachigas” es una problemática creciente. Las tomas clandestinas y el transporte ilegal representan riesgos económicos y de seguridad.

Regulación y burocracia. Los procedimientos de permisos y certificaciones son lentos y complejos, lo que retrasa nuevas rutas, instalaciones o la entrada de nuevos participantes.

Problemas de transporte y logística interna. El traslado depende de autotanques y ferrocarriles. Deficiencias en la infraestructura vial y ferroviaria, así como bloqueos o incidentes de inseguridad, afectan la entrega puntual.

El GLP es un combustible cuya autosuficiencia resulta difícil de alcanzar para México debido al incremento sostenido de la demanda y la dependencia de importaciones. Una interrupción súbita en el suministro externo podría detonar una crisis energética con graves consecuencias sociales, económicas y ambientales. Por ello, es imprescindible implementar una estrategia integral que reduzca la dependencia externa, diversifique las fuentes energéticas y proteja a la población ante posibles escenarios de desabasto.

Invertir en infraestructura —especialmente en ductos— permitiría reducir los costos de transporte desde refinerías o por importación terrestre, lo que eventualmente podría reflejarse en un precio menor para el usuario final.

Sin embargo, en ausencia de políticas públicas orientadas a la transición energética, es probable que el mercado opere bajo el mismo esquema en las próximas décadas.

Surge así la interrogante de si México podrá migrar en el futuro hacia el uso exclusivo de estufas eléctricas, algo que dependerá de un plan sólido para dejar de utilizar combustibles fósiles en la generación eléctrica y apostar por fuentes renovables.

¿Cuál es su opinión al respecto?


Por Ramsés Pech – Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos