México es uno de los países más afectados a nivel mundial por el robo y la alteración de combustibles, una actividad que se ha consolidado como una de las principales batallas en materia de seguridad nacional.

La reforma energética creada en 2012, y que fue aplicada para la apertura del mercado mexicano en 2015, respecto a la venta, comercialización, distribución e importación en la producción de los combustibles, trajo consigo una oportunidad para algunos que no quisieron tener un mercado legal. Aprovecharon claroscuros de forma dolosa, donde servidores públicos, en conjunto con privados, crearon un gran mecanismo de ilegalidad, generando una alta corrupción en el mercado.

En el mercado mexicano existen dos formas de robo y fraude:

La primera se refiere al robo de combustibles en los ductos de la empresa del Estado (Pemex), el cual se ha realizado por más de dos décadas. Esto consiste en perforaciones hechas a los ductos por donde se mueven los combustibles entre las instalaciones de Pemex, y de los cuales extraen el combustible mediante válvulas instaladas. Actualmente, las estadísticas indican que cada dos horas hay una perforación en algún ducto, comprometiendo su estabilidad, resistencia y operatividad, lo que disminuye la vida útil del mismo y pone en riesgo a las personas cercanas.

Esta forma de sustracción no es nueva y está ocasionando pérdidas a Pemex de entre 30 y 40 mil millones de pesos anuales en promedio; en este valor no se considera el costo de reparación del ducto. Según investigaciones realizadas por las instancias gubernamentales, existe una colusión entre funcionarios públicos de la empresa del Estado y quienes realizan las perforaciones. Sin embargo, en algunos casos ha sido complicado demostrarlo.

La segunda forma, y la que presentó un mayor incremento entre 2020 y 2025, se refiere en gran parte a la importación de combustibles. Este fraude consiste en declarar, al momento de importar ciertos productos, que no se debe pagar el IEPS al estar exentos, como lubricantes y aceites residuales. En esta modalidad se altera el pedimento de importación, indicando que no es un combustible (gasolina o diésel), y se introduce por vía terrestre o marítima a través de las aduanas, generando una alta corrupción entre los encargados y algunos agentes aduanales. Este mecanismo de distorsión se cierra con la participación de algunos agentes del mercado de combustibles mexicano que comercializan, distribuyen o venden al público estos productos fraudulentos.

Esto ha generado una pérdida de mercado para Pemex y, adicionalmente, una pérdida económica directa para el erario de entre 100 y 150 mil millones de pesos anuales, al no recibir el pago del impuesto respectivo de cada combustible.

Actualmente se han realizado actualizaciones en acuerdos, normas y reglamentaciones, con las cuales se espera reducir el robo, fraude y alteración de combustibles. Entre las medidas destaca la obligación de que todas las unidades que transportan combustible cuenten con un sistema de posicionamiento (GPS), mediante el cual las instancias reguladoras tendrán información en tiempo real e histórica de cada unidad, desde su punto de carga hasta el punto final de entrega para su venta en el mercado.

El nuevo reglamento de la Ley del Sector de Hidrocarburos indica que los permisos de comercialización estarán acotados a un máximo de dos años, y deberán incluir en un contrato adicional a quién se vende, cuánto y dónde fue entregado el producto.

Estas dos modificaciones en el mercado ayudarán a conocer la trazabilidad real de cada combustible y, en el caso de los importados, ahora existirá la figura de corresponsabilidad del agente aduanal respecto al producto importado. En caso de detectarse irregularidades, el agente tendrá una corresponsabilidad directa.

En el papel, las modificaciones realizadas al mercado pueden sostenerse; pero en la realidad dependerá de la credibilidad, ética y, sobre todo, del compromiso de cada funcionario público que participe en la cadena productiva del comercio de combustibles. Ellos deben ayudar a cumplir cabalmente lo dispuesto en cada disposición emitida en los últimos meses.

Ante lo anterior, hemos realizado un análisis sobre el volumen y los montos del último lustro, en el que se ha detectado cómo México se ha posicionado a nivel mundial como un país con un mercado de combustibles corrupto.

En el reporte del tercer trimestre de 2021 presentado por la SHCP y el SAT, se encontró que “desde enero de 2020 se había observado un incremento en las importaciones de lubricantes, sin ningún sustento en la actividad económica, en la demanda máxima de mercado del propio producto o en el movimiento observado de ventas de combustibles. Estos productos no están sujetos al pago de IEPS, por lo que son usados como medio de evasión, y son introducidos al país principalmente a través de las aduanas terrestres.”

Este comentario surgió porque la demanda promedio de lubricantes observada era de aproximadamente 15 mil barriles diarios. En 2020 creció a 63 mil barriles, lo que representó un incremento de 48 mil barriles en comparación con la demanda histórica. Esta diferencia es muy similar a la discrepancia observada entre los reportes de Sener y la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA). En 2021, las importaciones alcanzaron un promedio diario de 101 mil barriles de lubricantes, cifra que supera en 86 mil barriles la media del consumo diario en el mercado de estos productos.

Entre 2013 y 2019, la diferencia observada en la importación de diésel entre lo reportado por Sener y la EIA no superaba el 1%. Pero a partir de 2020 y hasta 2025 fluctuó entre un 15% y 30%. Esto significa que el diésel entraba por las fronteras terrestres o vía puertos, declarado bajo otro tipo de producto. En 2021 se registró la mayor diferencia, del 30% respecto al dato de la agencia estadounidense, y en 2024 fue del 20%.

De 2020 a 2025 posiblemente no fueron declarados alrededor de 15 mil millones de litros de diésel, lo que representó cerca de 63 mil millones de pesos que no ingresaron al erario por no pagar el IEPS (sin contabilizar el IVA). Esto significa que, si estos litros hubieran sido importados mediante transporte terrestre (pipas), se habrían utilizado alrededor de 305 mil unidades (800 por día). Si hubiera sido por ferrocarril, serían 155 mil carrotanques (75 por día); y, si hubiera sido vía marítima, habrían llegado unos 310 barcos (entre 3 y 4 por mes).

El mercado mexicano ocupa el octavo lugar mundial en demanda de gasolina y el duodécimo en diésel, con un valor estimado de 2.8 billones de pesos, donde los impuestos representan entre el 30% y 35% de ese monto. En caso de controlar el robo y el fraude, podrían ingresar al país entre 200 y 300 mil millones de pesos adicionales al erario, mejorando el balance presupuestario y reduciendo el déficit. Además, Pemex tendría mayores ingresos, ya que el mercado contaría con un piso más parejo al reducir la comercialización ilegal de combustibles.

El mercado de combustibles estaba basado en la buena fe de cada una de las partes involucradas. Al haber fallado esta, se han implementado mayores regulaciones, las cuales dependerán de la voluntad de hacer lo correcto, tanto de los funcionarios públicos como de los privados que forman parte del mercado. El principal beneficiado será el consumidor final y la nación, al dejar atrás una comercialización corrupta de combustibles.

Por Ramsés Pech – Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos