Durante los primeros cinco meses del año se reportaron 2,443 robos de autotransporte, 57.5% más de los que se registraron en el mismo periodo del año pasado, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), división de la Secretaría de Gobernación. Esta cifra apenas demuestra la problemática a la que se enfrentan todos los días los autotransportistas; por ello, las diferentes cámaras del sector han solicitado que el robo de autotransporte sea tipificado como un delito federal, pues actualmente se sigue como delito del fuero común. El número de robos a este tipo de transporte presentó importantes incrementos en los últimos años; por ejemplo, según cifras de la firma SensiGuard Security Service, de 2015 a 2016 el robo de autotransporte de carga observó un incremento de 62 por ciento. En entrevista con Fortuna y Poder, Rogelio Montemayor, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), aseguró que el tratamiento que actualmente se le da al delito ha dificultado el seguimiento de las denuncias que se realizan. Detalló que actualmente las denuncias que interponen los transportistas pasan por instancias federales, estatales y municipales, por lo que si el robo se comete en una ciudad y encuentran el vehículo o las partes en otras entidades, se levantan las denuncias en los estados involucrados, lo cual complica el esclarecimiento de los actos, pues entre gobiernos o instancias estatales, no existe intercambio de información.
“La misma ley hace que pase eso, ya que como es delito del fuero común, si te asaltan aquí tienes que ir al ministerio a denunciar y si las unidades las encuentran en otro lado, también se tiene que denunciar en otras entidades, pues no hay coordinación entre ministerios públicos, ni intercambio de información”, señaló.
Agregó que si el delito se manejara como federal, se ayudaría a que los hechos  se sigan de oficio, lo cual facilitaría a los transportistas su denuncia, además de que se coadyuvaría para que los afectados no tengan, además, que pagar costos extras como las grúas que son ocupadas en caso de encontrar las unidades en otros estados, o el corralón, entre otras cosas.
“Esto también nos afecta, porque aparte de que nos roban, tienes que seguir el proceso de denunciar, te tardas en que te entreguen la unidad, los transportistas tienen que pagar grúas, corralón, etc., y esta afectación económica también es fuerte y se suma al robo del que ya fuimos víctimas”.
¿CUÁL ES EL IMPACTO ECONÓMICO? Si bien cuando se roba un camión, lo principal que se sustrae es la mercancía, en la mayoría de los casos la pérdida es total para el autotransportista, aseguró el Presidente de la Canacar. Detalló que la mercancía siempre va asegurada por el cliente; sin embargo, mencionó que en una estadística muy superficial que han realizado los mismos transportistas, calcularon que 50% de las unidades no se recupera, lo cual hasta el momento ha generado pérdidas al sector por alrededor de 600 millones de pesos, mientras los costos por unidad ascienden a 2 millones 600 mil pesos. Por su parte, las empresas que utilizan este tipo de transporte también se ven altamente afectadas, debido a que son ellas las que se encargan del aseguramiento de sus mercancías; por ello, cuando suceden este tipo de percances, normalmente sus costos de operación incrementan hasta en 25%, parte de ese porcentaje se transfiere al precio final al consumidor, aclaró Leonardo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP). Regionalización Entidades como Puebla, Veracruz y el Estado de México son las entidades que más presentaron incidencia de este delito durante 2016, aunque Guanajuato y Puebla son los estados que se encuentran en un nivel de riesgo severo, señala el reporte de SensiGuard.
“Los robos están a la orden del día, de hecho Guanajuato era un estado que no se catalogaba como una entidad que registrara alta tendencia en delitos y ahora ya lo es; sin embargo, en mi opinión Veracruz y Puebla son los más afectados”, aseveró Rogelio Montemayor.
SE UNEN MÁS Lo anterior es bien conocido por otros actores del sector, quienes se han unido a la solicitud de que se tipifique este delito; tal es el caso de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la ANTP, quienes afirman que es urgente que el asunto sea discutido por las autoridades. En este sentido, Montemayor mencionó que los tres organismos empresariales ya se han sentado a discutir y formar parte de la propuesta oficial que espera que se discuta y se apruebe por el pleno antes de que finalice este año.
“La propuesta la estamos realizando nosotros, en conjunto con ANPACT y la ANTP para que se dé este año. Ahorita estamos trabajando en un anteproyecto que ya está elaborado y que solo falta los últimos comentarios; pues es un tema tan complejo que se tiene que ver con los parlamentos estatales, la PGR, esperar que se unan municipios, estados y congresos para que funcione de verdad”.