México encabeza junto a República Dominicana la lista de los países de América Latina donde es más común realizar pago de sobornos para acceder a los servicios públicos, de acuerdo con la organización Transparencia Internacional. La ONG detalla que en México 51% de las personas encuestadas admitió que lleva a cabo esta acción mientras que en República Dominicana la cifra fue de 46%. A través de su informe “Las personas y la corrupción; América Latina y el Caribe”, la organización refiere que uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos 12 meses. Los hospitales públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20%), seguido por la escuela pública (18%), las oficinas de documentos de identidad (17%), la policía (16%), los servicios públicos de agua y electricidad (14%) y los tribunales (12%). Asimismo expone que la policía y los políticos son percibidos como las instituciones más corruptas de la región.
“Esto demuestra una preocupante falta de confianza en estos grupos vitales del sector público”, abunda Transparencia Internacional.
Tras entrevistar a más de 22,000 personas en 20 países de la región, la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias. En contraste Trinidad y Tobago, Brasil, Argentina, Jamaica, Chile, Uruguay, Paraguay y Costa Rica, son las naciones menos corruptas de América Latina.

Venezuela, el más corrupto

En total, dos tercios de los encuestados consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos doce meses, aunque con diferencias considerables entre países: mientras en Venezuela un 87 % cree que ha crecido, en Argentina sólo un 41 % lo percibe así. De entre los encuestados, un 53 % sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal en la lucha contra la corrupción, mientras que un 35 % cree que sus representantes avanzan en la dirección correcta. No obstante, mientras en Venezuela y Perú el 76 y el 73 % de los interrogados cree que la clase política no contribuye positivamente a su erradicación, en Honduras, Ecuador y Guatemala entre un 54 y un 55 % de los encuestados considera que sus representantes lo están haciendo bien. OCC