“Al final del día los actores de las empresas son entes privados, (…) la figura jurídica de la empresa privada es muy distinta y en ese sentido el tratamiento no tiene por qué ser el mismo. Me parece que cualquier acto que esté fuera de la legalidad debe sancionarse; sin embargo, es muy claro que el mecanismo de sanción y el de supervisión no tendrían que ser los mismos”, mencionó.No obstante, para la Coparmex, ésta, al igual que las demás sanciones, son positivas y en pro de combatir la corrupción: “Lo vemos en una forma positiva. Normalmente para combatir la corrupción no necesariamente se tiene que castigar al funcionario público, si no también el sector empresarial”. Algunas de las conductas que se castigarán con el SNA son el soborno, la participación en concursos o licitaciones cuando pesa sobre la compañía una inhabilitación, el tráfico de influencias, la presentación de documentos falsos para obtener algún beneficio de instancias gubernamentales y el uso indebido de recursos públicos. MULTAS ALTAS Mientras que para el sector patronal las multas que contempla la nueva ley anticorrupción son correctas y positivas, para el IDIC son sanciones elevadas que sin duda afectarían al sector privado, pues no son equivalentes a las que se han planteado para el sector público.
“Yo creo que la sanción es muy elevada para el sector privado y ni siquiera es comparable con las que se están planteando en el sector público ¿en qué sentido?, en el extremo donde una empresa puede llegar a ser sancionada y que eso puede implicar el cierre de la misma, pues es evidente que eso no va a ocurrir por el lado del sector público”, señaló De la Cruz.Por su parte, Coparmex afirmó que las sanciones y medidas que contempla la nueva ley van encaminadas a dos vertientes: el lado de la sanción y el de la prevención, que si bien, son altas las sanciones, se debe de entender que no sólo el sector público o el sector privado son los responsables de caer un asunto de corrupción.
“Para el combate a la corrupción se dice que tiene que haber dos personas; sin embargo creo que se requiere de muchas más: del político, el empresario, el notario, el contador, el abogado, en general una estructura”.¿QUÉ SECTORES SON MÁS VULNERABLES A ACTOS DE CORRUPCIÓN? Especialistas coinciden en que los sectores que tiene que ver con la contratación pública como el de infraestructura, educación y salud, son más propensos a actos de corrupción, debido a la ausencia de instituciones eficaces y efectivas que vigilen el uso indebido de recursos. En días pasados, el Índice de Fuentes de Soborno publicado por Transparencia Internacional publicó que el sector de la construcción y obra pública obtuvo una calificación de 5.3 en un escala de 0 a 10 en temas de soborno y corrupción. En ese momento, Vanessa Silveyra, coordinadora del Programa de Integridad Pública del sector privado en Transparencia Mexicana, afirmó que al involucrar a contratistas y subcontratistas resulta complejo que se realicen rastreos de pago, además de que es uno de los sectores que más recursos genera. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es necesario que se mejore la institucionalidad y la tecnología en esta industria, con la finalidad de transparentar más el sector de la construcción, el cual, en los próximos años, requerirá inversiones equivalentes a 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina.
“Es evidente que en donde existe un mayor movimiento de recursos, como es todo lo vinculado con la inversión pública; es decir, los temas de infraestructura, de caminos, de puertos y aeropuertos, toda la gran obra pública de construcción, donde existen todo tipo de incentivos, es donde se registran todo tipo de desvíos, además de las compras de gobierno”, afirmó el director del IDIC.RECOMENDACIONES Dentro de las determinaciones del Nuevo Sistema Anticorrupción se recomienda a las empresas que se implementen manuales de organización y procedimientos, códigos de conducta, sistemas de vigilancia, etcétera; sin embargo, muchas de las organizaciones empresariales no cuentan con uno, principalmente las pequeñas y micro empresas. De acuerdo con los entrevistados, las grandes o medianas empresas son las que, en su mayoría, cuentan con procedimientos y códigos de conducta, aunque también existe una mayoría importante que no los ha implementado aún. En este sentido, Ríos Rippa menciona que la misma ley no da ejemplos de cómo se deben implementar estos códigos, por lo que el sector patronal busca publicar una guía que esté basada en las especificaciones de la Ley General de Responsabilidades y que lleve de la mano a las empresas para que lo implementen en sus organizaciones. SIN CONSEJO FISCAL, SNA NO VA A FUNCIONAR Durante la charla que sostuvo Fortuna y Poder con el presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de la Coparmex, sostuvo que si no se implementa el consejo fiscal independiente que propuso el sector patronal hace unos días, difícilmente funcionará el SNA.
“Tenemos que tener un fiscal independiente que funcione como autónomo, que pueda nombrar sus ministerios públicos, a sus peritos, a sus agentes federales y que pueda realizar una investigación independiente, como ha funcionado en algunos países como Estados Unidos, Inglaterra; o sea sí se puede”, aseveró.El pasado 19 de julio entró en funciones el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, después de concluir el plazo de un año que se estableció en las normas del sistema publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016. No obstante, hasta el momento no cuenta con un fiscal ni magistrados que presidan dicho Sistema. Para la Coparmex, este hecho es una oportunidad para que la sociedad exija que se implemente de manera cabal, sin que se politice, aunque reconoció que incluso sin un fiscal o magistrados, la misma sociedad debe comenzar a cambiar su forma de ver los actos de corrupción.
