La reforma contra el outsourcing está generando grietas en la relación de los varios representantes de la iniciativa privada.  Esta mañana, el gobierno federal y varios miembros de la IP, representados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), firmaron un acuerdo para reformar las leyes que regulan los esquemas de subcontratación laboral, conocidos también como outsourcing, además de para reforzar las prácticas que ya se contemplan dentro de la Ley Federal del Trabajo.  Esa misma mañana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) publicaron un comunicado conjunto en el que rechazan el acuerdo con el Ejecutivo Federal. 
“[La iniciativa] pretende coartar la libertad de la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas. Su aprobación en estos términos dañaría además seriamente a la competitividad del País y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas”, señala el documento firmado por los tres organismos. 
Las tensiones se manifestaron públicamente desde el martes, cuando el presidente de Canacintra, Enoch Castellanos Férez, mencionó que había desacuerdos al interior de la IP sobre la propuesta del gobierno federal, la cual caracterizó de impositiva. 
“No hay el consenso interior para apoyar esta propuesta […] Lo que ha trascendido en medios, porque lo filtró el propio gobierno federal, fue la propuesta que le hace [el gobierno] a los empresarios y de la cual se nos pide que lo tomemos o lo dejemos”, dijo Castellanos Férez en conferencia de prensa. 
En su comunicado del miércoles, esta porción del empresariado reconoció que existen las malas prácticas en el uso de outsourcing, mas subrayaron que, si estas existen, es responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) asegurar que se cumplan las disposiciones legales. 
“Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría”, señalaron. 
Reiteraron su disposición para seguir dialogando con el Ejecutivo y con el Congreso para hacer cambios a la propuesta de reforma, la cual, se acordó hoy, será discutida por el Legislativo hasta febrero.    Te puede interesar: Accede AMLO a presión de IP; iniciarán diálogo para mejorar iniciativa sobre outsourcing cach