El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un llamado a los alcaldes del país para que sean la “línea de defensa” contra la marejada de iniciativas que buscan restringir la venta de comida chatarra.  Durante un seminario virtual celebrado con la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, solicitó a los alcaldes su apoyo en contra de estas iniciativas, que calificó de “equivocadas”. 
“Necesitamos también que nos ayuden a la defensa de una serie de regulaciones que se quieren imponer equivocadamente en el país […] Creen que con eso afectan al empresariado […] pero se afecta sobre todo a los pequeños empresarios, a las pequeñas misceláneas, a los pequeños abarrotes; se afecta al cañero, se afecta al azucarero, se afecta a la persona que mueve el transporte y la distribución”, dijo Salazar Lomelín la tarde del jueves. 
El empresario regiomontano subrayó el golpe de por sí fuerte que asestó la crisis del coronavirus a la economía del país en todos los niveles, añadiendo que estas nuevas regulaciones podrían afectar a toda la cadena de valor de esta industria, que representa el 15.0% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.  La industria de la comida chatarra y las bebidas azucaradas está siendo atacada desde varios flancos. El 5 de agosto, el Congreso de Oaxaca aprobó un dictamen que prohíbe su venta a menores de edad en negocios, escuelas y mediante máquinas expendedoras.   La legislación encendió una chispa en varios congresos estatales. A la fecha, existen iniciativas o intenciones de iniciativa en entidades de todo el país. La Ciudad de México recibió un proyecto de ley el miércoles; los congresos de Colima y Chihuahua ya tienen las propias. Esta misma semana, los legisladores tabasqueños aprobaron un dictamen similar al oaxaqueño.  Estas prohibiciones a la venta de comida chatarra a menores se suman al nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas no alcohólicas, el cual entrará en efecto el 1 de octubre. El nuevo etiquetado consiste en octágonos negros que advierten sobre la presencia elevada de azúcares, grasas, sodio y otros componentes potencialmente dañinos para la salud.  Al igual que las restricciones a la venta de alimentos chatarra, la IP considera al nuevo etiquetado como una política radical que, a la larga, impactará con fuerza el bolsillo de negocios de todos tamaños.  El gobierno federal, sin embargo, se ha rehusado a ceder en el tema nutricional. Según datos de la Secretaría de Salud, dos terceras partes de las personas que han muerto en el país a causa del coronavirus padecían de hipertensión, diabetes, obesidad u otros padecimientos relacionados a una mala alimentación, y específicamente al consumo excesivo de alimentos chatarra.   

Mejorar seguridad, educación, regulaciones 

Salazar Lomelín aprovechó el foro para solicitar a los alcaldes apoyos en otros temas.  Primero, pidió su cooperación para resolver la grave crisis de seguridad que el país sufre desde hace más de una década. 
“Necesitamos que exista un verdadero combate a la inseguridad que sufrimos en todos nuestros negocios en todos los rincones del país”, dijo el presidente del CCE. 
También pidió mejoras al sistema educativo, sobre todo en niveles técnicos y medios que “realmente permitan a los jóvenes sumarse automáticamente a las fuerzas de trabajo”.  El tema regulatorio fue el tercer punto para el que solicitó apoyo de los gobiernos municipales. El presidente del CCE subrayó que las trabas burocráticas para iniciar o hacer negocios en el país son demasiado pesadas, por lo que pidió a los alcaldes “facilitar enormemente las regulaciones”.    Te puede interesar: Congreso de CDMX recibe iniciativa para prohibir venta de comida chatarra a menores cach