El juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, del Juzgado primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) la suspensión definitiva sobre la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener) y el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Según los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la estrategia de CEMDA se llevó a cabo en conjunto con Greenpeace, ONG ambientalista a la que le fue otorgada otra suspensión definitiva en junio pasado. El fallo a favor del Centro se determinó el viernes pasado, por lo que, de forma inmediata quedaron sin efecto el acuerdo de Cenace y la política de confiabilidad de Sener. Lo anterior se mantendrá hasta que concluya el juicio y se tenga un fallo definitivo.
“Gracias a las suspensiones concedidas, quedan sin efecto tanto el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Cenace el pasado 29 de abril, como la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Sener el 15 de mayo de este año, por lo menos durante el tiempo que dure el juicio o hasta que la suspensión se revoque o modifique, expuso CEMDA en un comunicado.
Abundó que, de esta forma, “será posible que sigan avanzando los proyectos de energía renovable que ya habían sido autorizados, siempre y cuando cumplan en todo momento con el marco legal vigente, y respeten los derechos humanos de las personas en las comunidades donde pretenden instalarse”. De acuerdo con Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del Centro, lo anterior es relevante, toda vez que, el Acuerdo del Cenace y la Política de Sener “constituyen un retroceso en los pasos que México ha dado para avanzar hacia la promoción de las energías renovables en el país y, con ello, contribuir a tener un medio ambiente sano, pues sabemos que las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles contribuyen al cambio climático y tienen consecuencias negativas sobre la calidad del aire y por lo tanto en la salud de las personas”. Por su parte, María Colín, especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México, señaló que: “esta batalla judicial pretende impulsar la democratización de la energía eléctrica en nuestro país, garantizar el derecho humano a energías renovables asequibles y accesibles para toda la población, que ayude a abatir la pobreza energética que viven millones de hogares, a través de proyectos comunitarios de generación distribuida; a la par de dar cumplimiento puntual a los compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio climático”.