Tras la publicación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación, lo que sigue es la impugnación de la legislación ante tribunales y la misma la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin descartar la apertura de arbitrajes internacionales de las empresas extranjeras o la apertura de paneles de controversias en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Claramente habrá amparos de muchas empresas, muchas de ellas lo harán directamente, habrá controversias constitucionales, probablemente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de los partidos de oposición que votaron en contra”, aseguró Claus Von Wobeser, presidente de International Chamber of Commerce (ICC) México.
Advirtió que “muchas compañías no quedaron contentas” con la reforma, ya que privilegia a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho eléctrico, por encima de las plantas de empresas privadas.
Otra posibilidad es que las empresas extranjeras que se sientan afectadas por la reforma van a prepararse para un arbitraje de inversión, que se gestiona a nivel internacional y que puede derivar en sanciones para México; aunque este tipo de recursos jurídicos tendrían sentido si la SCJN no declara inconstitucional la reforma, añadió el representante empresarial.
En conferencia de prensa para hablar sobre la polémica reforma en materia eléctrica, Claus Von Wobeser exhortó a la SCJN a que declare inconstitucional la nueva ley, que fue aprobada la semana pasada en el Senado de la República sin hacer cambios al proyecto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Argumentó que dicha legislación va en contra del principio de libre competencia que está consagrado en la Constitución, además de que desprotege a la inversión nacional y extranjera, y porque implica el incumplimiento de acuerdos internacionales asumidos por México en materia ambiental, como el Acuerdo de París.
“Quiero exhortar al Poder Judicial federal para que revierta esta grave situación y al Poder Ejecutivo que reconsidere estos temas y que busque salidas satisfactorias, porque el costo para México será my alto”, aseguró el representante de ICC, en referencia a las indemnizaciones que deberá pagar el gobierno a la empresas que abrirán juicios en el país o el extranjero y que exijan la reposición de lo que invirtieron y las utilidades que dejaron de percibir.
En la conferencia de prensa, que se realizó de manera virtual, Rodolfo Rueda Ballesteros, vicepresidente del Comité de Energía de ICC, refirió que legalmente los amparos individuales podrán interponerse en un plazo de 15 días tras la publicación de la reforma —lo que ocurrió este martes—, en tanto que las controversias constitucionales tendrán que presentarse en 30 días.
Como se sabe, el senador Gustavo Madero Muñoz, anticipó hace unos días que los legisladores de oposición de la Cámara alta presentarán una controversia constitucional ante la SCJN, para promover que se rechace esta reforma.
Más vale un mal acuerdo que un buen juicio
Sin embargo, existe la posibilidad de que el gobierno logre entablar acuerdos con las empresas en particular, para mitigar los efectos que pudiera tener la reforma y evitar la apertura de un juicio.
“No se puede descartar que se promuevan negociaciones. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, anticipó que el gobierno está abierto a escuchar a las empresas y encontrar la manera de transigir las controversias, eso sería muy importante”, comentó Claus Von Wobeser.
El representante empresarial destacó que el gobierno federal ha mostrado que puede estar abierto a la negociación como se pudo ver en el acuerdo alcanzado entre CFE y empresas privadas en materia de gasoductos, y más recientemente Petróleos Mexicanos (Pemex) que logró conciliar sus desacuerdos con la empresa Braskem Idesa.
En este sentido, el gobierno y las empresas deben tener claro que “más vale un mal acuerdo que un buen juicio”, hizo ver el presidente de ICC.
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En el frente legal, el empresario también destacó que la SCJN ya se pronunció en contra de la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional —que se publicó en mayo de 2020— y que la misma Secretaría de Energía ya declaró insubsistente.
De modo que este antecedente hace pensar que el Poder Judicial estará abierto a recibir las reclamaciones de las empresas y dar un punto de vista objetivo sobre cómo las reformas legales chocan con el resto del marco legal vigente, como la misma Constitución Política, concluyó Claus Von Wobeser.
GC
