Ahora más que nunca, las empresas deben de estar muy pendientes de la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT).  Norma Morales Rodríguez, miembro de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió a las empresas que operan en el país que deben estar particularmente atenta a la lista con la que el SAT da a conocer a las sociedades que identifica como fuentes de operaciones fraudulentas. 
“Esta lista tenemos que estarla monitoreando de manera muy constante, porque uno de sus primeros efectos para el ejercicio de 2020 es la cancelación de los sellos [digitales], ya sea si soy un EFO [empresa que factura operaciones simuladas] o si soy un EDO [empresa que deduce operaciones simuladas] que tuve la mala fortuna de contratar con una empresa que salió listada”, apuntó Morales Rodríguez el miércoles durante un seminario virtual. 
Como parte de reformas aprobadas en materia fiscal a finales del año pasado, este año entraron en vigor modificaciones al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Entre los cambios destacan las sanciones a las que pueden estar sujetos los EFOs y los EDOs en caso de que el SAT los incluya en su lista de operadores fraudulentos.  Una empresa a la que se le incluye en la lista sufrirá la cancelación de sus sellos digitales, medida cuyo objetivo es frenar las operaciones simuladas. Si la compañía no ha cometido este delito y fue incluida por error, no podrá firmar sus facturas digitales.  Dado el caso, los EFOs y los EDOs cuentan con 30 días para probar que las operaciones fiscales que realizaron o que contrataron son reales.  Otro de los nuevos “brazos” del artículo 69-B es la llamada “responsabilidad solidaria”. Si el Estado llega a cobrarle una deuda a la empresa y esta no cuenta con los recursos para pagar el monto completo, el gobierno puede cobrársela a liquidadores, síndicos, socios, accionistas, administradores únicos, gerentes generales y otros bloques de la pirámide corporativa. 
“Esto quiere decir que el ojo que tenemos que poner a esta lista negra es todavía más relevante, porque ahora me da una responsabilidad con nombre y apellido”, señaló Morales Rodríguez. 
También, si el gobierno presenta una denuncia contra una empresa facturera, los clientes de dicha empresa pueden estar sujetos a procesos penales si no prueban dentro de un período de tiempo determinado que se han regularizado o que las operaciones fueron reales.   Si el monto de presunta defraudación supera los 7.5 millones de pesos (mdp), miembros de la compañía corren riesgo de prisión preventiva o retención de bienes, pues el fraude fiscal ahora se tipifica como delincuencia organizada.   La administración lopezobradorista se está tomando en serio el combate contra la evasión y el fraude fiscal. El 23 de junio, el SAT anunció que el gobierno federal se lanzaría contra 43 empresas factureras a las que se les acusa de haber defraudado al fisco por 55 mil 125 mdp. Semanas después, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo haber congelado las cuentas bancarias de dichas compañías.    Te puede interesar: Registra SAT aumento de 2.7% en declaraciones anuales de personas físicas cach