La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra Jesús Murillo Karam, exprocurador general de México, por presunto tráfico de influencias y fraude fiscal.

La institución realizó un análisis de riesgos respecto de las Personas Mexicanas expuestas Políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Murillo Karam.

“La UIF identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijo en una tarjeta informativa.

Lo anterior, explicó, debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.

Dicha empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente, se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar, explicó la institución.

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Además, la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar.

De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables, lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente, expuso la UIF, quien añadió que también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras.

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Aunado a lo anterior, dijo, se identificó que en 2017 la PEP recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, en el periodo de 2020 a 2021, Murillo Karam colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.

“En consecuencia, el 14 de noviembre de 2022 estos indicios se hicieron del conocimiento a la Fiscalía General de la República a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera”.

FP