El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030, una estrategia diseñada para ampliar el acceso a productos financieros y asegurar que la población —en especial mujeres, Mipymes y sectores vulnerables— los utilice de manera efectiva para mejorar su bienestar y reducir desigualdades.
Durante el anuncio, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, afirmó que el Estado impulsará acciones coordinadas que integran infraestructura, digitalización, acceso al crédito y enfoque de género, además del fortalecimiento de la confianza en el sistema financiero.
Subrayó que “la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 construye sobre los avances logrados y reconoce que existen retos que atender”.
“Representa el esfuerzo coordinado de las autoridades financieras del país para fomentar el mayor acceso y uso de los productos financieros, no como fines en sí mismos, sino como herramientas para fortalecer el bienestar financiero y contribuir a una mayor calidad de vida e igualdad de oportunidades“, aseveró.
En ese sentido, mencionó que la iniciativa resalta la importancia de que las personas usen con mayor frecuencia los productos financieros, ya sea para ahorro, operaciones o pagos.
En línea con ello, explicó que se promoverá el ahorro formal, con opciones como Cetesdirecto, y se fomentará un mayor uso de medios de pago distintos al efectivo, para aumentar seguridad y disponibilidad de recursos.
Agregó que la política contempla ampliar el acceso a cuentas de retiro voluntario y seguros, al considerarlos instrumentos esenciales para fortalecer la resiliencia financiera. También recordó que “la política ha establecido como parte de su objetivo central la inclusión financiera de las empresas”.
En materia de financiamiento, expuso que el plan se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México al buscar mejores condiciones para que pequeñas y medianas empresas (Pymes) y emprendimientos accedan al financiamiento formal e impulsen su integración a cadenas de valor. Además, se pretende fortalecer el crédito para vivienda, dado el peso que tiene la construcción del patrimonio familiar.
Uno de los elementos centrales del diseño de esta política es la transversalidad de género. Amador Zamora señaló que el artículo 4º constitucional obliga al Estado a garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, lo que incluye su plena incorporación al sistema financiero.
“A través de esta política, nos hemos comprometido a promover la inclusión financiera de las mujeres bajo un enfoque que combina respuestas inmediatas con transformaciones estructurales”, dijo.
En este sentido, detalló que se plantean medidas específicas para mujeres empresarias y emprendedoras, así como acciones de largo plazo para romper normas sociales y de género que han limitado su participación.
“La política propone lograr la igualdad sustantiva de las mujeres”, sostuvo.
El secretario añadió que la estrategia también da prioridad a quienes enfrentan desigualdad, pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluyendo comunidades rurales, indígenas y afromexicanas, personas en movilidad, adultas mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas públicos. “Las líneas de acción… buscan asegurar un trato digno y sin discriminación”, afirmó.
Otro eje relevante es el fortalecimiento del uso de tecnología. La política propone mejorar mecanismos de identificación y atención no presencial, y fomentar sinergias entre instituciones financieras y empresas tecnológicas para ampliar la oferta de servicios. También considera la mejora de canales físicos de atención, ya que gran parte de la población aún depende de ellos.
Antes de concluir, Amador Zamora reconoció que persiste desconfianza en el sistema financiero, incluso entre usuarios actuales. Subrayó que la confianza es esencial para que la inclusión financiera genere bienestar. Por ello, la política incorpora acciones para reforzar la protección ante problemas, incentivar la transparencia, mejorar la contratación y fortalecer la seguridad de las operaciones.
“Estas medidas buscan… mejorar la percepción de confiabilidad del sistema”, explicó.
Finalmente, reafirmó el compromiso del Estado con la construcción de un sistema financiero accesible, inclusivo y seguro, donde los productos y servicios respondan a las necesidades de la población, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o han enfrentado rezagos históricos.
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