Las víctimas del accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México promoverán la consignación de las empresas que participaron en la construcción del tramo elevado, que se cayó el pasado 3 de mayo, en aras de garantizar una impartición de justicia integral, porque de momento solo se han emitido denuncias contra 10 exfuncionarios públicos.

Asimismo, las víctimas solicitarán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las investigaciones del caso, por considerar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no realiza una investigación imparcial, aseguró Cristopher Estupiñán Martínez, abogado de 14 de las víctimas del accidente.

Entrevistado este lunes afuera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la primera audiencia del proceso en la que fueron citados los 10 acusados, el representante legal cuestionó que la FGJCDMX solo haya acusado a los exfuncionarios –entre ellos Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro— y que promueva un acuerdo reparatorio entre las empresas constructoras y las víctimas, en lugar fincarles cargos y procesarlas judicialmente.

De ahí que una opción que consideran las 14 víctimas que representa consiste en solicitar a la SCJN que atraiga la investigación del accidente en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), como sucedió con el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

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Asimismo, las víctimas analizan solicitar al Congreso de la Unión que participe en las investigaciones con la conformación de una comisión de la verdad, para llegar al fondo de los hechos. “No vamos a permitir una investigación unilateral en la que solamente participe la Fiscalía y en la que al final del día se controlen los costos políticos de los resultados”, dijo Estupiñán Martínez.

El accidente en la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo pasado, dejó como saldo 26 muertos y cerca de 100 heridos, tras haberse fracturado y desplomado la estructura que sostenía el puente elevado por el cual circulaba el tren. Al momento del accidente, dos vagones del tren cayeron al suelo, atraídos por la estructura que se cayó.

Como se ha informado anteriormente, empresas de Grupo Carso –de la familia Slim— tuvieron a su cargo desarrollar el tramo elevado que se desplomó.

Cristopher Estupiñán comentó que sus defendidos ya pudieron conocer la carpeta de investigación y que unos peritos de Estados Unidos revisarán el expediente. “Vemos oportunidades fuertes en contra de las empresas que diseñaron la línea”, dijo el abogado.

En su charla con la prensa, el abogado expuso que en la carpeta de investigación no está asentado “ningún citatorio” con las empresas constructoras, lo que consideró “preocupante”. Sin embargo, lamentó que públicamente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos, han comentado sobre reuniones con representantes de las empresas para hablar sobre la reconstrucción del tramo que se cayó.

“Nosotros exigimos un acercamiento directo con las empresas, porque aquí hay que poner las cosas en la balanza”, expuso el abogado.

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La intención de que se cite a comparecer a las empresas radica en que éstas asuman todas sus responsabilidades civiles y penales y que también reciban un “castigo ejemplar”, que sirva de advertencia al resto de las compañías que participan en la obra pública.

“Las empresas quieren alcanzar un fondo que les garantice que no habrá sanción legal, ni penal implica ahorrarse un juicio oral y civil, la pena pudiera ser una sanción, una multa con base en sus ingresos de 24,000 millones de pesos (mdp) o la no participación en obra pública o castigos en la vida civil (…) Pero además, tiene que haber un concepto por daños punitivos, una sanción ejemplar que tenga consecuencias en la industria. Que quede claro que, si hay negligencia, tiene que haber una consecuencia, pareciera que esto no es objeto de consideración”, argumentó el abogado.

GC