La Cámara de Diputados aprobó la creación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que regirá a las industrias de la radio y la televisión y de telecomunicaciones.
Por medio de la nueva ley se instalarán dos nuevos organismos: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, además de que se elaborará un registro de los usuarios de telefonía móvil.
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El dictamen se aprobó este martes, con 369 votos a favor del grupo parlamentario del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y de sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y verde Ecologista de México (PVEM), además del opositor Movimiento Ciudadano (MC).
En tanto que los opositores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) otorgaron 104 votos en contra, insuficientes para obligar al oficialismo a promover cambios; también se registraron tres abstenciones.
El dictamen, que ya fue aprobado por el Senado de la República, se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación.
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La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encargará de formular e impulsar políticas públicas políticas de telecomunicaciones, satelital y de radiodifusión del gobierno federal.
Mientras que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones será un organismo desconcentrado de la Agencia y tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, los servicios espaciales y sus aplicaciones.
Por lo anterior, desaparecerá el actual Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo constitucional autónomo.
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La nueva ley aprobada por los diputados exige a los concesionarios de telefonía móvil que solo podrán activar el servicio a los usuarios que se identifiquen con su Clave Única de Registro de Población (CURP), en caso de personas físicas, o bien Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en caso de personas morales.
Asimismo, la legislación aprobada crea el Registro Público de Telecomunicaciones, que estará integrado por un Registro Público de Concesiones y un Sistema Nacional de Información de Infraestructura.
Además, se faculta a las empresas concesionarias de telefonía celular a colaborar con las autoridades de seguridad pública, para investigar a posibles sospechosos de cometer delitos, lo que implica, entre otras acciones, hacer una geolocalización de los equipos de los usuarios.
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Otra atribución de las empresas será la de generar un archivo de las comunicaciones de los usuarios durante dos años.
GC
