Los tribunales negaron el amparo solicitado por Marielle Helen Eckes, esposa de Emilio Lozoya Austin, por su posible complicidad en varios crímenes dentro del caso Odebrecht.  El amparo alegaba que la orden de captura contra la conyugue del ex-director de Petróleos Mexicanos (Pemex) violaba su garantía de debido proceso, al igual que los principios de libertad, legalidad y seguridad jurídica.  La juez Sandra Robledo Magaña determinó que la orden de aprehensión es válida, rechazando un amparo similar tramitado por la defensa del mismo Lozoya Austin.  Marielle Helene Eckes es acusada de su probable participación en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados del caso Odebrecht.  Su esposo fue perseguido por meses en varios países después de que la Fiscalía General de la República (FGR) girara una orden de aprehensión de su contra. Lo capturaron finalmente en España. Meses después, aceptó ser extraditado, llegando a México a mediados de julio.  Lozoya Austin es acusado de haber utilizado su posición como director de Pemex para participar en la adquisición de la planta chatarra Agro Nitrogenados a un sobreprecio de 200 millones de dólares aproximadamente, lo cual habría dañado las finanzas de la petrolera y, consecuentemente, las del Estado.  También se le acusa de haber aceptado alrededor de 10 millones de dólares en sobornos de parte de ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de jugosos contratos de obra pública. Los sobornos habrían sucedido antes de que Lozoya Austin llegara a la administración federal, y parte de los fondos habrían sido utilizados para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto.   El ex-funcionario federal tuvo sus audiencias (una por Agro Nitrogenados y otra por Odebrecht) la semana pasada. Éstas sucedieron a distancia y desde el hospital, al que fue trasladado de inmediato después de aterrizar en México.   Lozoya Austin se declaró inocente de ambas acusaciones, alegando que fue intimidado y utilizado por el aparato gubernamental de la administración peñista.  Se le vinculó a proceso por ambos casos. No se le dictó prisión preventiva, por lo que podrá llevar el juicio en libertad. Sin embargo, no podrá salir del país y tendrá que portar un brazalete electrónico.  El ex-director de Pemex llegó al país en calidad de “testigo colaborador“. El gobierno federal espera que proporcione información sobre otros funcionarios de alto calibre que hayan participado en los delitos de los que se le acuse. A cambio, el proceso penal podría aligerarse y la sentencia podría reducirse.   Te puede interesar: Emilio Lozoya es dado de alta del hospital (Con información de Milenio)  cach