Pese a que el Senado de la República ya aprobó la reforma constitucional al Poder Judicial, los trabajadores operativos y los jueces y magistrados que rechazan este conjunto de enmiendas mantendrán el paro parcial de labores que iniciaron hace más de dos semanas en los juzgados y tribunales federales.
Asimismo, anunciaron que recurrirán a instancias internacionales para denunciar la reforma como un instrumento que socava la democracia, el principio de división de poderes y la independencia de los jueces para atender conflictos.
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“Es momento de resistir y usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia judicial. No nos detendremos hasta que la justicia, tal y como la conocemos, vuelva a ser un pilar firme y seguro”, dijo Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed).
En un mitin afuera de las instalaciones del Senado de la República, ubicadas en el Centro de la Ciudad de México, Juana Fuentes advirtió que el personal del Poder Judicial acudirá a instancias internacionales para hacer valer la independencia de los juzgadores para resolver.
“Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las redes globales de jueces y magistrados justo están conociendo en este momento lo que está sucediendo”, aseguró la dirigente del Jufed.
El dictamen de la reforma al Poder Judicial, que se aprobó la madrugada de este miércoles en el Senado de la República, plantea la designación de jueces, magistrados y ministros por medio del voto popular.
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Los aspirantes a jueces serán preseleccionados por el gobierno federal, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial, y bastará con que tengan un título como abogados para proponerse, ya que no necesariamente tendrán que acreditar experiencia en la impartición de justicia.
Asimismo, la reforma desaparece el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para sustituirlo por un nuevo Tribunal de Disciplina, que supervisará el trabajo de los juzgadores.
Además, el Pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que actualmente está en funciones será destituido y se reducirá el número de integrantes de 11 a nueve ministros, así como su permanencia de 15 a 12 años.
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En 2025 se celebrará la primera elección de juzgadores, para renovar a todos los ministros de la SCJN, la mitad de los magistrados de tribunales de circuito y a los jueces que se jubilen o los lugares de jueces que estén vacantes.
En 2027 se elegirán a todos los juzgadores que falten por ser renovados.
Otro elemento que compone a a reforma constitucional del Poder Judicial es la incorporación de la figura de “jueces sin rostro”, con el propósito de proteger la identidad de juzgadores que tengan en sus manos casos relativos a la delincuencia organizada.
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Si bien todos estos cambios están dirigidos al Poder Judicial federal, la reforma indica que las entidades federativas del país deberán armonizar su legislación para que los poderes judiciales estatales se adapten al nuevo esquema de impartición de justicia.
GC
