“Todos los expedientes guardados se van a poner a consideración, se van abrir, para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos, sobre todos los investigadores”, señaló el Presidente en su conferencia de prensa matutina.Apuntó que únicamente se respetarán las limitaciones que establece la ley, es decir, todo lo relacionado con la protección a niños y familiares de víctimas, “lo que pueda afectar, dañar, la dignidad de las personas, los derechos humanos”. En este sentido, añadió que habrá cuidado sobre la entrega de documentos, no obstante, los referentes a archivos políticos, es decir, los que se manejaban en el Estado para perseguir a opositores, podrán ser consultados.
López Obrador refirió que hay que ser muy cuidadosos con los archivos, pues no todo lo que se dice en ellos es cierto.
“Cualquier dirigente social era tachado de subversivo y mucha gente fue reprimida sin que se les comprobara nada. “Una etapa negra en la vida pública del país. Eso se tiene que conocer y nunca más espiar ni perseguir a nadie”, dijo López Obrador.Al respecto, Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación, señaló que ahora se va construir la memoria histórica de México sin ninguna simulación, pues el acuerdo publicado ayer instruye a todas las instituciones a entregar la información de 1985 a la fecha al Archivo General de la Nación, especialmente lo relacionado con derechos humanos, actos de corrupción, persecución política. Tras hacer recuento de la integración de las dependencias de seguridad nacional, indicó que anteriormente la apertura de archivos era “simulada” pues la información que se entregaba era administrada por el propio Cisen, no por el Archivo General de la Nación.
“No se había concretado una apertura ordenada y ahora se plantea así en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, para garantizar el derecho a la memoria histórica del país. “La intención es máxima publicidad, poniendo por delante el interés público y la verdad, que no permita ningún tipo de simulación”, aseguró.
Por su parte, Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación, detalló que el gobierno federal abrirá todos los expedientes que se tengan que abrir, pero aclaró que el Estado no va a investigar los archivos reservados del Cisen.
Aseguró que esa tarea de revisar la información y la documentación de hechos y personajes corresponde a los investigadores y al público en general.
Agregó que únicamente van a realizar un proceso archivístico de la información, pues los documentos fueron administrados en su mayoría por policías, quienes desconocían los procesos de archivo.
“Vamos aplicar un proceso de archivista para ordenar, clasificar, para que todos los interesados puedan acceder a lo que se está buscando, en ese proceso estaremos inmersos, tenemos 28 días para dar los lineamientos y 180 días para coordinarnos con las instituciones públicas para este proceso”, explicó.En el anuncio de la apertura para consulta pública de archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), precisó que tienen 28 días para dar a conocer los lineamientos para la entrega de la información y 180 días para que las autoridades federales se coordinen con todas las instituciones públicas para darles a conocer el procedimiento para la transferencia de los documentos. erc
